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Una de las grandes propuestas de estas últimas elecciones, ha sido la reivindicación del aumento del salario mínimo, que las empresas deben pagar a los trabajadores. Una medida muy popular que nadie se ha atrevido a criticar hasta ahora.
Recientes estudios demuestran que esta medida, aunque popular, no deja de ser una mera campaña política de graves repercusiones para los grupos que precisamente pretende proteger.
Y es que aunque subir el salario mínimo no garantiza sueldos más altos, la realidad va más allá. Los datos son tajantes: los trabajadores de aquellos países que no fijan un salario mínimo, ganan 1.000 euros más al mes que España. Además, no solo eso sino que en términos de desempleo, la relación entre la existencia o no de un salario mínimo y la evolución del paro también es sorprendente.
Según un prestigioso economista estadounidense llamado, Mark J. Perry, en países en los que está en vigor el salario mínimo como Bélgica, Francia, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Reino Unido, registran una tasa de desempleo del 12,7% y un paro juvenil de casi el 30%.
Por el contrario, países en los que su legislación no se contempla el establecimiento por ley de un salario mínimo, como Suiza, Austria, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Italia, Islandia y Alemania su tasa de desempleo media es del 6,6% y la de paro juvenil del 15,8%. Alemania, cabe resaltar, va a introducir un salario mínimo por imposición del SPD, parte de la alianza de Gobierno.
Los datos son estremecedores ya que vemos como la tasa de paro media en países con un salario mínimo por ley, es el doble que en aquellos países donde la regulación de los salarios no está legislada.
Esto se debe a una de las más poderosas leyes económicas, “la ley de consecuencias no intencionadas” mencionadas por Steven D. Levitt y Stephen J Dubner en su libro “Superfreakonomics” como una de las más desconocidas.
Y es que aparte de ayudar a un puñado de políticos a ganar unos cuantos votos, o alguna frase para marketing de campaña o televisión, es una política que perjudica a los trabajadores menos formados y productivos.
La ley de salarios mínimos no controla por decreto la contratación de más trabajadores, sino que limita su contratación, al ser el aumento de la productividad la ley imperativa. Sin un aumento de la productividad no va a ver un descenso del paro, ya que solo cuando el valor que añade a la empresa un trabajador, supera los costes de su contratación, será rentable para la empresa dicha relación laboral.
Un aumento artificial de los salarios condena a los trabajadores menos formados y productivos al paro.
El coste de un empleo es el salario bruto pagado en relación con la unidad de producto producida. Es decir, el coste para una empresa por contratar a un empleado con salario mínimo ya no solo son los 648,6 euros en las 14 pagas que el trabajador recibe, sino que hay que sumarle las cotizaciones a la seguridad social, por lo que el coste se sitúa por encima de los 1.000 euros al mes. El salario de un trabajador tiende a igualarse con la productividad del empleo, por lo que si la productividad de dicho trabajador es inferior al salario mínimo, al empresario no le compensa contratarlo.
El trabajador tiene que añadir un valor mínimo a su salario bruto y esto se complica en trabajadores poco formados y productivos, lo que condenará al paro a jóvenes sin experiencia y de baja formación académica.
Países como Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia o los Países Bajos, conscientes de esta relación, mantienen bajos salarios mínimos para jóvenes con poca o nula experiencia profesional para fomentar su contratación por las empresas.
Encuestas como Eurostat no solo muestran que países sin salario mínimo o con uno menor en el caso de jóvenes sin experiencia, disfrutan de un salario mayor, sino que la productividad real de trabajo por hora es mucho mayor y al tiempo que los jóvenes profesionales pueden acceder al mercado laboral, elevan su productividad con la experiencia.
