El diario La Provincia publica hoy un contundente editorial sobre el estado del turismo en Canarias. El rotativo asegura que en las Islas "ha faltado consenso y liderazgo a la hora de gobernar" nuestra principal industria.
"La política por la que se ha optado desde hace más de quince años ha sido más intervencionista que dinamizadora o integradora", asegura el editorial, "de forma que las sucesivas legislaciones no han hecho más que ahondar en la división del sector y enfrentar, además, a unas islas con otras".
El resultado que queda es el que en pleno periodo de expansión, el sector turístico canario está sometido a una "judicialización excesiva" y a una "falta de dinamismo inversor frente a otros destinos competidores", sobre todo del Caribe. "Es de esperar"; concluye el editorial, "que el Gobierno de Canarias no desista en su voluntad, manifestada por su presidente en diversas ocasiones, de poner fin a las restricciones legales a la inversión con una nueva ley del territorio que integre, además, a la ley turística". Porque, a su entender, Fernando Clavijo tiene "una oportunidad única para demostrar la capacidad de su gobierno de consensuar y liderar un sector, cuyo crecimiento es sin duda más difícil de gestionar que de parar".
El diario cita en sus páginas interiores a un experto turístico de las Islas que asegura que el turismo va bien “a pesar de Canarias”. "Porque en esta región, en paralelo al espectacular crecimiento y consolidación turística de los últimos seis años, se ha producido igualmente un incremento y consolidación del proceso de judicialización de las inversiones en las Islas", afirma el artículo. "Y nada apunta a que pueda desjudicializarse a corto plazo.
Explica que está por un lado, el Tribunal Supremo dictando sentencia tras sentencia a favor de proyectos empresariales afectados por la moratoria turística, que ya dura quince años, y que pudiera concluir en indemnizaciones millonarias. "El Gobierno de Canarias sostiene, sin embargo, que el pronunciamiento del alto tribunal no le obliga a ello, tal y como han interpretado los empresarios, y culmina los recursos en los que defiende el mantenimiento del derecho de estos inversores a urbanizar. "Es decir, no indemnizar y resolver la delicada cuestión a través de la citada reforma de la ley turística".
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