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España necesita una modernización del sistema de indemnización por finalización del contrato. Y es que, a tenor de los datos desprendidos del informe BBVA Research sobre la situación laboral española como de los obtenidos por el Banco Mundial en 2014 podemos observar que los países con una mayor flexibilidad laboral disfrutan de tasas de paro mucho más bajas y sueldos más altos que los que se caracterizan por la rigidez regulatoria y la elevada protección social como es el caso de España.
Dos indicadores bastan para sostener este hecho: la tasa de paro es ínfima en economías que carecen de salario mínimo e indemnizaciones directas de despido, ya que, a cambio, cobran más y gozan de mayor seguridad a la hora de encontrar un nuevo empleo.
En Europa hay un total de nueve países que no establecen un salario mínimo interprofesional (SMI) por ley y en donde el coste directo del despido es cercano a cero: Suiza, Noruega, Islandia, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia y Chipre. Las economías de estos países disfrutan de una tasa media de paro del 7%, cercana al pleno empleo que, de hecho, Suiza, Noruega e Islandia alcanzan y un sueldo bruto de 45.720 euros al año.
Por el contrario, el resto de países europeos presentan una tasa de desempleo que asciende al 11,7% y un sueldo bruto que se queda en 19.252 euros al año. La comparación es odiosa: en las economías con salario mínimo e indemnización directa por despido la tasa de paro es, de media, un 56% superior a los que carecen de ambos factores; mientras que los trabajadores cobran un 58% menos al año.
Dentro de este grupo destacan, desgraciadamente, Grecia y España, líderes absolutos en desempleo, con una tasa de paro de un 24% y un 21% respectivamente. En ambos casos, la indemnización por despido se sitúa entre las más altas de Europa, con un promedio de 15 semanas de salario, mientras que el salario mínimo está fijado en 684 y 764 euros al mes. De hecho, España cuenta con los costes de despido más altos de toda la UE28, con un preaviso de 2,14 semanas y una indemnización equivalente a 14 semanas de salario en caso de que el empleado supere los cinco años de antigüedad en la empresa o de 28 si supera los diez, según el informe del Banco Mundial en 2014.
Este excesivo coste lleva normalmente a las empresas a recurrir a la temporalidad para establecer sus plantillas. Por ello, entre las medidas que nuestro país habría de adoptar está la modificación del tipo de contrato. Para el BBVA, España "tendría que tener una menor indemnización por despido procedente que el contrato temporal: para aumentar su atractivo y para penalizar a las empresas con una rotación de personal injustificada. Es decir, sería una menor indemnización inicial a cambio de un empleo más estable, de mayores salarios y de los beneficios de una carrera más duradera.” Esto requeriría un mayor control por parte de las administraciones y autoridades laborales, con el fin de evitar los trabajadores encubiertos en contratos formativos y minimizar el fraude de ley, tanto en los contratos temporales que desempeñan tareas de naturaleza permanente.
