Comunicados

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, calcula en 1.000 millones de euros el monto total en inversiones que hay bloqueados y que no llegan a las islas. Si se consolidasen estas inversiones se podrían crear entre 15.000 empleos y 20.000 empleos. Y recalcando: sin consumir más suelo

Fernando Clavijo ha asegurado que la Ley del Suelo, cuyo anteproyecto se encuentra actualmente en fase pública de exposición, va a permitir desbloquear hasta 1.000 millones en inversiones paradas. Esta ley, ha explicado, servirá para que aquellos promotores que “tienen interés en desarrollar un proyecto lo puedan hacer en un tiempo razonable y prudencial”. Y todo, se esforzó en afirmar en una extensa entrevista publicada por el diario La Provincia, “sin consumir más suelo, que es un poco lo que demagógicamente algunos quieren criticar. Sin consumir suelo”.

Estas inversiones no son importantes por sí, sino que generarían empleo en una región con una tasa de paro del 21%. Este dinero subiría “un par de décimas el Producto Interior Bruto canario, lo cual lleva al Ejecutivo a barajar “entre 15.000 y 20.000 puestos de trabajo”, algunos durante la ejecución y luego, otros, con el mantenimiento.

Fernando Clavijo asegura algo que el CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA no se cansará de repetir: para bajar la tasa de desempleo en Canarias hace falta “generar actividad económica”.

“Es necesario que la actividad económica se desarrolle en nuestro suelo”, afirma el presidente. Uno de lo problemas de Canarias es que “su economía está altamente terciarizada, con lo cual tenemos la mayor parte del empleo, el 87%, basado en el sector servicios”. Este un sector de salarios bajos y que, como se cotiza menos, las pensiones sean las más bajas de España o de Europa. “Es una economía débil, frágil”.

Por eso, asegura, “si queremos que el Producto Interior Bruto crezca hay que ir más hacia la construcción, la industria y el sector primario. Lograrlo sería fantástico, pero es imposible con unas leyes que impiden que haya suelo industrial para desarrollar la industria, que impiden que se rehabilite sin consumir más suelo; unas leyes que obligan a cada pobre agricultor que quiera cambiar el riego a pedir dos licencias: la de calificación industrial y la licencia del ayuntamiento”.

Y va más allá. Modificar la ley del suelo y desatascar parcialmente ese nudo va a “propiciar que aquel que quiera poner una industria tenga suelo y pueda obtener licencia sin esperar seis años; que un agricultor, que no tiene dinero ni capacidad para contratar a un abogado urbanista, un ingeniero agrónomo o dos arquitectos y quiere hacer un invernadero, lo pueda hacer de manera simple”.

En lo que respecta al turismo, reclamó que se mire a los planes territoriales para fijar el número máximo de camas que se pueden alcanzar. “El límite está puesto en los planes territoriales insulares”, explicó. “Los que están hechos hablan de que, aproximadamente, con las leyes actuales, se podrían construir en Canarias unas 250.000 camas más. Con lo cual el límite está fijado por los cabildos”.