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El sistema de pensiones en España está amenazado. Para salvarlo hacen falta una serie de medidas e incentivos económicos. Se necesitan tanto ayudas directas como permisos parentales remunerados, inversión de gasto público en servicios familiares y educación pre-escolar y exenciones en forma de mayores deducciones y créditos fiscales para disponer de una mayor renta y así, de mayor margen de maniobra.
La situación es seria: las proyecciones de población de España plantean que el envejecimiento de la sociedad en los próximos 20 años será mucho más intenso que en el resto de países desarrollados. Las predicciones apuntan a que si no se adoptan medidas entre 2014 y 2029 nacerán poco más de 5 millones de niños. Estos datos provocarían que dentro de una década haya en España entre 300.000 y 400.000 personas menos en el mercado de trabajo por los 800.000 que previsiblemente estarán en edad de jubilación.
Para lograr una situación estable en el futuro, haría falta una tasa de fecundidad de 2,1 hijos por mujer que asegure el relevo generacional. Sin embargo, la tasa actual está en el 1,33. Este dato es también inferior a la media de la OCDE, que se sitúa en 1,7 hijos por mujer en 2013 y, aunque mayor que en nuestro país, también es insuficiente para sostener el sistema de pensiones.
¿Qué impide que crezca la natalidad? Las principales trabas, en consecuencia, están en la conciliación de la vida laboral y sobre todo en la escasa capacidad económica para formar una familia de la población joven.
Medidas económicas
En España, son escasos los incentivos que se ofrecen en el apartado económico para ayudar a mejorar esta situación. Si nos fijamos en la OCDE, la media de PIB que los países dedican a los incentivos fiscales y financieros en favor de la natalidad es de un 2,55% mientras que en nuestro país apenas llegamos al 1,5%. Mensualmente, la ayuda directa por hijo a cargo es de 24 euros al mes, aunque el 90% de las familias españolas no puede acceder a esta prestación por los límites de ingresos impuestos, una cuantía que se encuentra muy alejada de la media europea (91 euros al mes) según los datos del Instituto de Política Familiar (IPF).
Por ello, introducir nuevos beneficios fiscales y financieros siguiendo el esquema europeo constituiría la mejor opción para fomentar la 
emancipación de los jóvenes y la natalidad. Harían falta mayores presupuestos de gasto público derivados a ayudas directas a través de subsidios y permisos parentales remunerados. Así como la inversión del Gobierno en servicios familiares y educación pre-escolar.
En el apartado fiscal, se necesitarían exenciones, mayores deducciones y créditos para beneficiar a la maltrecha economía de la población más joven y posibilitar así la creación de núcleos familiares lo antes posible.
