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El reto no estriba en tener una economía capaz de endeudarse, gastar y pagar. El verdadero reto como país ha de ser tener en todo caso una economía cada vez más productiva con un sector público eficiente en el que se ponga coto al despilfarro, al gasto alegre y superfluo que parece haberse extendido con total impunidad entre el conjunto de nuestras Administraciones.
Porque una de las claves de la actual crisis económica se encuentra en la evolución del déficit público y el descontrol producido a la hora de equiparar los ingresos y gastos de los Estados motivada por la parálisis económica.
Se aprecian dos fases diferenciadas: durante los años 2008, 2009 y 2010 se produjo un gran descontrol en las cuentas públicas ante el intento de paliar los efectos de la gran crisis financiera acaecida. A partir de ese año, sin embargo, los países han ido volviendo a la senda del control presupuestario.
Europa ha sido una de las regiones que mayor impacto ha tenido por la crisis de deuda pública. Los países con las mayores tasas de deuda pública respecto a PIB son Grecia, Italia, Portugal, Bélgica, Chipre e Irlanda (cuatro de ellos han tenido que ser rescatados), con ratios de hasta el 196,95%. España ocupa la séptima posición en esta lista (ha superado recientemente el 100%) , con cerca del 100%, 15 puntos porcentuales por encima de la media de la UE 27.
En los últimos ocho años, el importe que se gasta nuestro país en pagar su deuda pública se ha más que duplicado por lo que el esfuerzo presupuestario que estamos teniendo que hacer para financiar nuestra deuda, ha pasado de representar alrededor del 5% al 10% del presupuesto total del Estado alcanzando ya la cifra del 3,1% del PIB frente al 1,7% que suponía en el año 2009.
La situación, evidentemente, ha venido mejorando sensiblemente a partir del año 2012 y no tanto por haber sido capaces de encauzar con velocidad y equilibrar las cuentas, sino por la vía del fuerte crecimiento que está teniendo nuestra economía en los últimos años. Cosa que ha permitido un incremento de los ingresos públicos que han aliviado parte del déficit primario (ingresos menos gastos excluidos el pago de intereses) de nuestras cuentas públicas contribuyendo a aumentar la confianza en las perspectivas de nuestra economía y a dar cierta seguridad a quien nos presta dinero.
