“La ley del Suelo plantea una solución. Algo que ninguna otra propuesta había hecho"
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“Valiente y responsable”. Así define la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria el proyecto de la Ley del Suelo que el ejecutivo de Clavijo ha redactado para tratar de solucionar el problema del freno burocrático para la construcción y desarrollo de nuevos proyectos. La entidad también halaga que el texto legal otorgue potestad a la Comunidad Autónoma en la fase final de la aprobación de los proyectos para asegurar la “coherencia supramunicipal y suprainsular”.
El proyecto de ley, que ahora mismo se encuentra en trámite parlamentario, previsiblemente entrará en vigor en 2017. Y se redactó pensando en agilizar los trámites para el desarrollo de proyectos que actualmente se encuentran parados o fueron frenados por organismos como la COTMAC. Esta previsible agilización es algo que la Sociedad Económica agradece puesto que “ninguna otra propuesta legislativa anterior había siquiera intentado".
Conscientes de que este freno está impidiendo desarrollar la economía Canaria, la entidad hace hincapié en que es buen momento para tratar de plantear una regulación más favorable. Esta necesidad ya la reflejaba el último informe del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (Catpe). Donde se arrojan unos datos llamativos: en 16 años, apenas se han aprobado 26 planes. Y siete de ellos, de momento, han sido anulados por los tribunales de justicia.
Sin embargo, la Sociedad Económica no está de acuerdo con la idea de eliminar la COTMAC, simplemente limitar sus funciones. A su juicio, cree que el problema que genera es por el “exceso de funciones” y no tanto por el bloqueo a los diferentes planes. Estos datos contrastan con la realidad, ya que, además de la escasez de planes aprobados por la comisión, se ha tendido a judicializar este tipo de trámites. Los datos hablan por sí solos: en 2011, el 39,4% de los acuerdos del organismo terminaron en los tribunales. El Catpe, por cierto, en parte achaca esta elevada judicialización a la disparidad de criterios. El CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA difiere en este punto, dado que considera que su continuidad, sin duda, seguiría siendo una mala noticia para la agilidad administrativa que tanto desea la entidad, con la consecuente falta de seguridad jurídica de las inversiones y la reducción del desempleo.
Por otra parte, la entidad presidida por Tomas Van de Walle también valora la intención del texto de “incrementar las posibilidades a los proyectos de interés estratégico "que antes estaban increíblemente tasados y convertían cualquier cambio inédito de la planificación en una batalla administrativa interminable".
