Entrevistas

El vicepresidente Ejecutivo de Astilleros Canarios y Astilleros de Santander, máximo ejecutivo de la tecnológica Inerza y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA (Las Palmas de Gran Canaria, 1981) ha reclamado mayor agilidad institucional entre los responsables políticos para asegurar que las Islas Canarias, y sobre todo Gran Canaria, pueda ser objeto de inversiones que aseguren la creación de empleo. “Hay que seguir trabajando en simplificar la burocracia: el hecho de que siempre haya varias Administraciones publicas opinando sobre la misma cuestión al final frena el desarrollo”, ha asegurado. Un ejemplo del excesivo peso de la función pública. En 2015, nuestro país gastó un 14,9% del presupuesto en administraciones públicas, más que en Sanidad o en Educación.

Adelgazar la Administración para hacerla más amigable de cara a los inversores, tanto de las islas como de otras zonas del planeta, es una de las grandes reclamaciones del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA. El último ejemplo de lo pernicioso que puede resultar "la maraña" administrativa lo encontramos en el proyecto de Siam Park, en el Veril (San Bartolomé de Tirajana), un proyecto de 100 millones de euros y 700 empleos que ha estado a punto de fracasar por el bloqueo institucional.

Esta situación también encuentra otro ejemplo perfecto en un sector que se quiere potenciar: el audiovisual. “Hay falta de claridad en la norma de la respectiva legislación de incentivos fiscales para ese sector”, asegura”. “Esto no se le puede hacer a una industria como la audiovisual, que se está promoviendo con éxito en Canarias, que está generando empleo, y donde se están vendiendo unas ventajas fiscales que en la práctica se pueden quedar en el papel años más tarde”.

En este sentido reclama una mayor compaginación en los plazos de resolución entre la inspección de Hacienda y la Justicia.  El plan de incentivos de la inspección de Hacienda y su plazo anual esta deslavazado en aquellos casos que haya un legítimo desacuerdo que se dirime en los tribunales y que pueden demostrar varios años más tarde que Hacienda no tenía razón. “Lo lógico es que hubiera una justicia especializada en materia tributaria que resolviera los casos de manera rápida”, reclama.

El directivo aplaude, eso sí, el desarrollo de la formación profesional en Canarias, si bien reclama una mayor flexibilidad laboral para que no resulte tan gravoso para los empresarios hacer un contrato indefinido a los alumnos válidos nada más terminar su ciclo formativo. “Con esta sobreprotección se provoca que el coste de ese nuevo trabajador sea demasiado alto como para que compense a la empresa hacer un contrato indefinido desde el minuto 1. La consecuencia es una persistente precarización del empleo”.

¿Cómo ve el desempeño del Cabildo en esta legislatura?

El presidente del cabildo es trabajador. Estudia las cosas y las medita, pero él solo no puede manejar esa casa por mucha dedicación que le ponga. Es muy trabajador, pero necesita un equipo. Y el Cabildo no da la impresión de contar con un equipo coordinado. Quizás el hecho de tener que gobernar en tripartito no favorece que se dé y a él se lo ponen más difícil.

El Cabildo de Gran Canaria cambia tanto de manos de unas elecciones a otras que no hay continuidad de los equipos a nivel de direcciones generales ni de consejos de administración de las empresas y organismos públicos que gestiona. Y así, las iniciativas de un equipo de Gobierno no siempre se llevan a cabo o no se sacan adelante igual de rápido.

Por eso debe de haber una responsabilidad institucional en la clase política. Cuando el tanto sea para Gran Canaria debería dar igual el político o el partido que se lo apunte. Lo importante es favorecer a la isla y así poder avanzar.

¿Cuál cree que sería la solución?

Gobernar instituciones públicas resulta siempre más lento en la práctica cuando median pactos en la escena. Se debería dejar gobernar a la lista más votada, y que ello vaya acompañado de un exhaustivo control y seguimiento trabajado constantemente por el resto de partidos en la oposición. Quizás Lo haría todo más àgil a la hora de ejecutar acciones y medidas del día a día por el equipo de gobierno en cuestión, y conseguirían resultados antes. Hablábamos del Cabildo, pero esto es igualmente aplicable al Gobierno de Canarias o a las corporaciones locales.

La legislación y las administraciones han demostrado no estar de acuerdo muchas veces y eso ha complicado las inversiones en Gran Canaria. Ésta es una de las mayores quejas de los empresarios en los últimos años. ¿Qué solución cree que puede haber para ello?

Hay que seguir trabajando en simplificar la burocracia: el hecho de que haya varias Administraciones publicas opinando sobre la misma cuestión al final frena el desarrollo. Al menos Tenemos que acudir siempre a tres sitios distintos, pedir tres informes distintos…

Evidentemente, esto no es algo exclusivo de Canarias. Pasa en toda España: tenemos un grave problema a nivel administrativo. Todo el mundo quiere tener competencias y decidir. Así es difícil ponerse de acuerdo. Y, por otro lado, la complejidad de la legislación que da lugar a diferentes interpretaciones con los consecuentes pleitos y retrasos.

Nosotros, por ejemplo, tenemos una inversión prevista en nuestros astilleros de Santander desde hace más de un año y no podemos ejecutarla de momento porque estamos pendientes de Costas por un lado y del Ayuntamiento en el se localiza la empresa por otro lado. No se puede consentir tanto retraso en las inversiones.

Pero si encima miramos para nuestras islas, esta burocracia es particularmente lesiva porque soportamos una tasa de paro de casi el 26%.

Esto también afecta a los incentivos fiscales como el REF o algunas bonificaciones. Sin embargo, muchas empresas dudan porque al no haber una legislación clara temen ser sancionados. El caso más claro es el audiovisual. ¿Qué se puede hacer por mejorar esta situación y, con ello, la inversión?

Hay demasiada legislación y demasiada norma. Se está ahuyentando inversión nueva que pueda venir. Esto no se le puede hacer a una industria como la audiovisual, donde están vendiendo unas ventajas fiscales que en la práctica se pueden quedar en el papel.

Otro tema es cómo interpreta Hacienda la norma y el hecho de que los Inspectores se vean obligados a cerrar sus actuaciones dentro de un periodo anual si quieren cobrar la totalidad de su remuneración variable. No parece correcto que haya un plan de incentivos anuales cuando posteriormente a sus actuaciones, y en caso de legítimo desacuerdo, puede haber pleitos más largos y de varios años donde los tribunales concluyen que Hacienda no tenía razón. Lo lógico es que hubiera una justicia especializada en materia tributaria que resolviera los casos de manera rápida.

De tal manera que inspector e inspeccionado tuvieran la resolución definitiva dentro del mismo año. O si no, dejar que el plan de incentivos vaya acorde a los plazos habituales de la Justicia en España. Justicia y Hacienda tienen que ir a la misma velocidad si queremos que sean eficaces a largo plazo los incentivos fiscales que se idean en el Congreso de los diputados o en los Parlamentos regionales para generar inversiones, actividad económica, y empleo.

En Canarias toda esta situación de freno a la inversión es más grave, si cabe, por las cifras de paro que sufre nuestra comunidad. En este aspecto se han conseguido algunos avances con la introducción de la FP dual que tan bien ha funcionado en Europa para favorecer la contratación juvenil. ¿Qué opina de ella?

El avance de la FP Dual ha constituido un cambio positivo. Seguir fomentando, facilitando e incentivando la formación en el entorno de trabajo es un acierto y un beneficio tanto para las empresas como para los estudiantes que ahora con la FP dual, al acabar, salen con los conocimientos y la experiencia necesaria para afrontar la entrada inmediata al mercado laboral. De esta manera se elimina buena parte de la curva de aprendizaje: el alumno ya sabe cómo es el trabajo y el empresario sabe cómo es el trabajador.

El profesional cualificado de FP Es un perfil que hacía falta en las empresas. Son totalmente necesarios para algunos engranajes de la economía.  Durante décadas solo se ha hablado y fomentado la universidad mientras que la formación profesional pasó a un segundo plano cuando realmente son tan útiles o incluso más que las carreras. Tras la crisis, se da la paradoja de que un licenciado puede estar menos remunerado que alguien con FP.

¿Le ve algún “pero” a este tipo de formación?

Hay que regular algo más la legislación, sobre todo en el aspecto laboral. Puede haber algún que otro freno ya que ese trabajador, si se incorporara a la empresa bajo una contratación indefinida, se sumaría directamente al convenio colectivo correspondiente. Con esta sobreprotección se provoca que el coste de ese trabajador sea demasiado alto como para poder ser absorbido por la empresa tratándose de un perfil que acaba de llegar. La consecuencia es una precarización del empleo, sobre todo porque el empresario, como es nuestro caso, podria estar dispuesto a contratar a esa persona de  forma indefinida. Un empleado recién incorporado no puede ser tan competitivo como uno que lleve 10 años. Necesita un periodo de transición para equipararse, y bajo esa posible premisa empresas como las nuestras podrían hacerlos indefinidos desde el principio.