Canarias ha recaudado en concepto de IGIC más del doble que hace siete años. Según el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias publicado por la Agencia Tributaria, la recaudación en los primeros siete meses de 2017 asciende a 803 millones de euros. Cifras significativamente más altas si las comparamos con la trayectoria de este impuesto a lo largo de la última década.
Sin embargo, las abultadas cifras aún no se han traducido en mayores partidas en inversiones de sectores necesitados en Canarias. El presupuesto en educación previsto por el Gobierno de Canarias para 2017 asciende a 1.547 millones de euros, 42 millones más que en 2016, un aumento del 2,81% inferior a la media del conjunto del presupuesto, que sube un 4%. De esta manera, el presupuesto educativo pierde peso en el conjunto del presupuesto autonómico, al pasar del 24,68% del total al 24,53%.
Dentro de la recaudación generada por el Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), los tributos generados por el IGIC suponen un 90% del total. Con estas cifras se superan ampliamente los registros fechados antes de la crisis, en 2010. El IGIC sumó en estos meses un total de 738 millones de euros, por los 375 al inicio de la década.
Desde 2010, la cifra de recaudación del REF no ha parado de aumentar. Cabe destacar, la progresión de crecimiento de lo que va de década, exceptuando el año 2012. Y el gran salto que hubo del primer semestre de 2013 a su equivalente en 2014, cuando la recaudación aumentó de 621 millones a 844.
La recuperación económica es la justificación más obvia al engrose de la recaudación del IGIC, pero también ha influido el alza de impuestos que llevó a cabo el anterior Ejecutivo hace ahora cuatro años y que sigue ahogando el consumo y los ingresos de las empresas. Entre otras subidas, el tipo general creció del 5% al 7%.
Este dinero que sale de los bolsillos de los contribuyentes alimenta en buena medida la administración. En Canarias, el gasto de personal ascendió a 1.302 millones de euros el pasado año, el 1,4% más. Puede parecer un repunte moderado. Pero lo cierto es que este ya se había incrementado un 20% el ejercicio anterior. Las 13 sociedades mercantiles, entidades empresariales y otras entidades públicas como Sodecan, Grafcan, ITC, Proexca, Gesplan o Hecansa entre otras registraron un défict de 31,3 millones de euros el pasado ejercicio, dinero que ha de ser sufragado con dinero de los contribuyentes. Y no solo eso. Suponen, además, una competencia desleal para las empresas privadas.
Expertos económicos como Daniel Lacalle, economista, gestor de fondos y profesor de Economía Global y Finanzas, abogan por bajas fiscalidades: "Los países que han mantenido impuestos bajos o los han reducido han salido antes y mejor de las crisis. Por eso, para consolidar la recuperación económica, es fundamental seguir apostando por reducir el esfuerzo fiscal”.
Pero lejos de empezar a suponer una rebaja de impuestos, los gravámenes de competencia autonómica no han parado de crecer. Desde la entrada en vigor de la Ley 4/2012, de Medidas Administrativas y Fiscales, han aumentado un 62,9%, por un aumento del 27,3% de los impuestos de competencia estatal.
Y una vez más, evidencia el despilfarro del dinero público recaudado por nuestro país. Ya que, si comparamos estas cifras con lo invertido en dos áreas tan esenciales como la sanidad o la educación la brecha es evidente. España dedica menos presupuesto que la media europea a la protección social, educación y sanidad. Sin embargo, en 2015, gastó un 14,9% del presupuesto en administraciones públicas, mientras que la media europea es tan solo de un 13,1%.
Un último dato: las administraciones públicas españolas destinaron en 2015 un total de 43.780 millones de euros a Educación, lo que equivale a un 4,1% del PIB de este año y es el quinto porcentaje más bajo de toda la Unión Europea (UE), según los datos publicados este lunes por Eurostat.
