Tan solo 84 establecimientos se han beneficiado de los incentivos de la Ley de Renovación y Modernización turística de Canarias desde su última reencarnación en 2013, según los datos oficiales. A día de hoy, ese es el exiguo balance deja la normativa estrella del Ejecutivo de Paulino Rivero, una ley que con la excusa de la rehabilitación de la planta hotelera lleva más de una década bloqueando el desarrollo turístico de las islas.
Evidentemente, no han sido solo 84 los establecimientos que se han renovado en las islas. Es probable que buena parte de los otros 3.448 alojamientos se hayan renovado o ampliado, pero no han podido aprovechar las facilidades propuestas por el anterior ejecutivo. La lentitud de la burocracia y la extensa cantidad de requisitos que se solicitan para conseguir estas subvenciones ha llevado a la gran mayoría de empresarios a emprender las mejoras por su cuenta, haciendo aún más inútil la ley de renovación de Rivero.
La ley que perseguía promover la subida de categoría de cuatro a cinco estrellas, y con ello, de calidad de los establecimientos más antiguos solo lo ha conseguido en el 2% del total. Otro fracaso: de los 84 hoteles o apartahoteles que se vieron favorecidos por la ley, tan solo 48 dieron un salto de categoría.
El total de plazas o camas turísticas regladas en la Comunidad Autónoma es de alrededor de 423.000, de modo que el sector hotelero y extrahotelero ha ganado con los incentivos de la norma el derecho a un incremento equivalente a un 0,34%, que, además, se concentra en solo dos de las siete islas, según recuerda el diario La Provincia.
Juan Miguel Sanjuán, presidente de Satocan y miembro del CÍRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA ha sostenido en repetidas ocasiones que “las rehabilitaciones que se han llevado a cabo se habrían llevado a cabo con o sin moratoria”. La misma opinión profesa el economista Antonio Garzón, que ve la intención rehabilitadora de los empresarios en el mercado como una exigencia de la demanda. “Durante los últimos años se nos ha vendido como algo extraordinario y con el añadido de la utopía de que la renovación por sí sola garantizaría la competitividad turística regional y solucionaría el desempleo”, afirma Garzón. Sin embargo, para el economista es algo “totalmente normal” en una oferta turística “madura” al margen de cualquier tipo de legislación. Por lo que, ni siquiera en estos 84 casos se puede dar el mérito a la moratoria.
No es la única voz experta que señala la moratoria como el principal obstáculo para el crecimiento de Canarias. Rafael Molina Petit, director territorial del ICEX en Canarias y miembro del Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico, señalaba también a dicha legislación para hacer referencia a que Gran Canaria, económica y socialmente, “ha perdido en los últimos 15 años” por culpa de esa losa. “Gran Canaria es quien más ha notado esta bajada, pasando de ser el motor económico de las Islas a quedarse en cuarto lugar por detrás de Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura”, destacaba Molina.
