Medio Ambiente

• “Ha llegado el momento de que Madrid cumpla y habilite un concurso de capacidad bien estructurado que permita solucionar este problema para el largo plazo” 

• “Debe hacerlo alineado con el Gobierno de Canarias, contar con su cooperación en los problemas del territorio y en la eficiencia administrativa”

El Gobierno de Canarias ha puesto de manifiesto la delicada situación de los sistemas eléctricos canarios. Ha dado un paso difícil pero necesario, tanto para intentar evitar situaciones indeseables como para que por fin se ponga en marcha la tan deseada transición energética bajo el paraguas de una estrategia ejecutable.

Un parque de generación convencional obsoleto e ineficiente ha devenido en un sistema frágil que pone en riesgo la continuidad del suministro eléctrico.

La proliferación de ceros energéticos que lleva días levantar no es asumible en una economía del primer mundo que depende del turismo. Es una situación que ni la población ni el tejido empresarial merece, y no es un modelo que ayude a nuestro destino turístico respecto a mercados alternativos en los que nuestra ventaja comparativa se basa en la madurez y seguridad. 

Que el Gobierno de Canarias y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) estén ya trabajando en la solución es una buena noticia, y una oportunidad única para que se sienten las bases de un nuevo sistema eléctrico canario que sea un ejemplo de innovación y robusta sostenibilidad.

Pero la urgencia que requiere la delicada situación no debe conducirnos a la implantación de medidas apresuradas que perpetúen nuestras deficiencias. La flexibilidad que requiere una solución de urgencia no debe competir con la legítima aspiración de contar con un sistema eléctrico limpio, eficiente y seguro, conformado por un conjunto de operadores en régimen de libre competencia. 

No es creíble que las consecuencias de la obsolescencia que hoy compromete la seguridad del suministro sean el resultado de una legislación que promueve un mercado competitivo.

De hecho, la norma fundamental que regula los sistemas eléctricos, insulares y extra peninsulares, Real decreto 738/2015, de 31 de julio, establece de manera clara en su artículo cuatro que “en estos sistemas eléctricos, la estimación de la potencia que deba ser instalada para cubrir la demanda en cada sistema eléctrico aislado será aquella que proporcione un valor mensual de probabilidad de déficit de cobertura de menos de un día en 10 años”.

Este precepto legal, al menos en Canarias, no se ha cumplido en varias ocasiones desde que el RD 738 fue aprobado el 31 de julio del año 2015, la última vez durante el cero energético de la isla de La Gomera.

La norma obliga a que “se llevará a cabo una estimación de la potencia que deba ser instalada para cubrir la demanda prevista bajo criterios de seguridad de suministro, diversificación energética, mejora de la eficiencia y protección del medio ambiente, identificando los diferentes tipos de tecnología que facilitarían el cumplimiento de los citados principios. En su caso, y en colaboración con el gestor del sistema gasista, se realizará una valoración conjunta de la penetración y utilización del gas natural. Asimismo, y en todos los casos, se realizará un análisis coste-beneficio para el sistema de las opciones planteadas”.

Además, en el artículo 44 del RD 738/2015, se establece la obligación de que “el operador del sistema (Red Eléctrica Española) remitirá al Ministerio de Industria, Energía y Turismo y al organismo competente en materia de energía de la comunidad autónoma o ciudad autónoma que corresponda, en la primera quincena del mes de enero de cada año, un informe anual de la cobertura de la demanda, que abarcará un horizonte temporal de 5 años desde el año siguiente al del informe.

En este informe, “el operador del sistema determinará las potencias necesarias para garantizar la cobertura de la demanda, teniendo en cuenta las redes existentes y planificadas y la implantación prevista de instalaciones de generación y, en su caso de bombeos”.

También regula el RD 738/2015 el procedimiento de concurrencia competitiva para la instalación de plantas de generación de energía eléctrica, cuando el operador del sistema ponga de manifiesto en su informe anual de cobertura que exista un riesgo de falta de cobertura, siendo el secretario de Estado de energía, quien ha de convocar, previo al informe de la comunidad autónoma de Canarias, la resolución para dicho procedimiento.

La pregunta que tenemos que hacernos es por qué desde los sucesivos informes de Red Eléctrica Española, señalando esas deficiencias en el sistema de generación de Canarias, al menos desde el año 2018, el secretario de Estado de Energía no ha cumplido con su obligación de convocar dicho procedimiento.

Al regular la resolución del procedimiento de concurrencia competitiva para otorgar en Canarias capacidad adicional de generación, el RD 738/2015, en su artículo 49, recoge que “no podrá otorgarse resolución favorable de compatibilidad a las solicitudes que supongan un aumento de capacidad de empresas o grupos empresariales que posean un porcentaje de potencia de generación de energía eléctrica superior al 40 % en ese sistema”.

Parece razonable que la tendencia sea introducir más competencia en los sistemas insulares, particularmente en el de Canarias.

La competencia es una aspiración razonable para un Estado que corre con los gastos. Por el contrario, el concepto de monopolio es conceptualmente opuesto al de eficiencia e interés común, y no parece que este caso sea una excepción.

El sistema eléctrico canario está obsoleto porque ninguna empresa ha sido capaz de entrar en el mercado, y ninguna empresa ha sido capaz de entrar en el mercado de generación de Canarias, porque la Secretaría de Estado de Energía ha incumplido con su obligación de convocar los procedimientos de concurrencia competitiva para ello, tal como obliga el RD 738/2015, y sobre estas razones es de lo que todos deberíamos reflexionar.

Con independencia de las medidas transitorias de corto plazo, es hora de que Madrid cumpla y habilite un concurso de capacidad bien estructurado que permita solucionar este problema para el largo plazo.

Y debe hacerlo alineado con el Gobierno de Canarias, y contando con su cooperación en lo relativo a los problemas del territorio, y de la eficiencia en la tramitación administrativa, garantizando espacios y capacidad de evacuación para posibilitar la existencia de concurrencia competitiva. 

Ya es hora de que puedan instalarse las nuevas centrales gestionables del presente – que no tan convencionales - con altos rendimientos, muy bajas emisiones, extrema flexibilidad para permitir la entrada de más renovables, y habilitadas para el consumo de combustibles sintéticos renovables.

Agustín Manrique de Lara

Presidente Círculo de Empresarios de Gran Canaria