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POR UN DESARROLLO SOSTENIBLE |
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Memoradum De la Secretaria General A propósito de los debates de la Asamblea General del Círculo de Empresarios de Gran
Canaria Sobre el “Borrador de Compromiso por el Desarrollo Sostenible de
Canarias” del Gobierno de Canarias
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1.-
Introducción. Necesidad y oportunidad del cambio.
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S |
iempre
se ha dicho que el siglo XXI esta llamado a convertirse en el de la conquista
de los derechos medioambientales. Efectivamente si, como algunos dicen, primero
fue la consolidación de los derechos civiles durante el siglo XIX. Si luego
vino la era del siglo XX con el reconocimiento de los derechos sociales, muy
bien podríamos pensar ahora que el XXI termine naturalmente siendo llamado así
también como aquel de la definitiva implantación de los derechos
medioambientales. Unos derechos de los que podemos considerar que no son sólo
una extensión del de la salud, algo plenamente reconocido durante el siglo XX
pasado; sino, en realidad el reconocimiento último y definitivo del valor de
toda forma de existencia en sí. El valor de cada gota de agua, de cada suspiro
de aire, de cada trozo de piedra, de cualquier forma de vida animal o planta
que habite la tierra como tan a menudo se comenta.
La
importancia de todo este fenómeno es evidente estando por lo demás dentro de lo
que podría ser llamada una lógica de la historia del Derecho o de la propia
evolución humana. Desde esta perspectiva diríamos que hoy estamos viviendo una
nueva revolución en el mundo. Una revolución por supuesto de color verde, y muy
distinta también a aquella que teñía de rojo las banderas revolucionarias del
siglo XX.
El
fenómeno parte por lo demás de un hecho cierto cual es el de haber comprobado
que debemos cuidar de nuestro entorno y de la naturaleza. Cuidar en gran medida
de cosas a las que antes quizás no prestábamos la debida importancia: el aire,
el agua, la tierra, la flora o la fauna. Y cuidar de tales cosas no ya porque así
nos lo hayan dicho nuestros antepasados muchas veces, sino, porque al final nos
hemos dado cuenta tanto de su fragilidad cómo no de nuestra propia capacidad
para darles protección.
Desde el
Círculo de Empresarios de Gran Canaria considero se ha entendido desde el
primer momento la importancia del fenómeno que venimos aquí comentando,
reconociendo tanto la posición estelar del nuevo Derecho en desarrollo como las
oportunidades que brinda la ecología en sí para la economía, y para la
formulación de sus teorías o para con el establecimiento, en definitiva, de
nuevas formulas o formas de hacer negocio.
A las
puertas del siglo XXI no creo que a nadie extrañe por consiguiente que, lejos
de esa imagen de depredadores insensibles que a veces se les atribuye, los
empresarios puedan hablar también de desarrollo sostenible. Por lo demás, no es
nuestra intención tampoco hacer historia aquí o resumen de lo que podríamos
calificar como movimiento verde refiriéndonos a autores como los de los famosos
manifiestos del Club de Roma, miembros del Instituto Tecnológico de
Massachussets, o a conferencias internacionales como la de Estocolmo o Río. A
estos efectos no parece siquiera necesario que debamos hablar de todos esos
Pactos, Convenciones, Directivas y Leyes que al final nos vienen llegando de la
mano de un nuevo Derecho al que debemos acomodarnos y al que habrá que
acomodar, sin duda, el conjunto del vigente.
A las
puertas del siglo XXI no parece necesario, por tanto, hablar de todo eso. De
los orígenes del nuevo Derecho medioambiental, desde el surgimiento de los
primeros Parques Nacionales en los Estados Unidos a principios del siglo XX, o
en general de todas las leyes y costumbres que desde tiempo inmemorial también
han estado presentes en la historia del hombre para hablarnos en definitiva de
la relación de éste con los demás, con la naturaleza y en conjunto con todo lo
que nos rodea expresándose a través, cómo no, del ordenamiento jurídico.
Mi
impresión, por tanto, es que vivimos en una época extraordinaria. Un época de
cambios o de revolución como arriba señalábamos. Cambios por lo demás que
hablando en griego significan crisis. Término este de crisis al que nos
referimos siempre naturalmente para hablar siempre también de todo: de
política, de economía, de empresa, de valores, de ética, etc, etc. en un
intento quizás de resumir esa masa de
sentimientos que el hecho mismo de vivir nos provoca.
Sin
embargo, y para ser rigurosos, más que sobre los buenos sentimientos que el
término desarrollo sostenible nos evoca creemos que los esfuerzos de cualquier
trabajo que realicemos deben estar dirigidos ante todo al análisis de los
hechos y a la formulación consiguiente de medidas e instrumentos que
contribuyan al logro de los fines y objetivos propuestos.
Desde
ese punto de vista hoy nos proponemos aquí presentar el análisis de las
propuestas ofrecidas por nuestro Gobierno en un documento titulado “Compromiso
por el Desarrollo Sostenible de Canarias” haciendo resumen de la situación
final que a todos estos efectos podrían presentar las Islas.
Para
ello partimos de las premisas que nos ofrece el nuevo Derecho medioambiental
consolidado a nivel global desde la Conferencia de Río de 1992, sabiendo además
que cuando se habla de medio ambiente y desarrollo sostenible podríamos estar
refiriéndonos a muchas cosas que al final deben verse concretada en el estudio
también de unas pocas. En realidad, tal y como se concluye de la Sentencia de
nuestro Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1995, en materia de medio
ambiente y desarrollo sostenible todo gira o puede girar en torno a unos pocos
elementos como pueden ser la situación del aire, el agua, el suelo, la flora y
la fauna, sin obviar por supuesto las cuestiones propias de nuestro patrimonio
histórico y paisaje natural.
A la luz
de todo ello resulta evidente que el nuevo Derecho medioambiental consolidado
desde la Conferencia de Río nos viene obligando a adoptar medidas y a
establecer programas capaces de garantizar un desarrollo sostenible,
conminándonos de hecho al análisis permanente del estado y situación de nuestro
medio ambiente. Tal cosa da la impresión de que se ha intentado hacer
últimamente por nuestro Gobierno con la presentación de un documento en el que
busca resumir su estrategia a tales
efectos.
Desgraciadamente,
y pese a su valor, no dudamos tampoco en decir que dicho documento adolece a
nuestro juicio de algunas cosas pecando quizás de exceso de especulación en
otras. Desde esta perspectiva hemos considerado grave, por ejemplo, que por
parte de nuestras autoridades se afirme sin mayor base tampoco, y tal y como se
dice en el Decreto 4/2001 de 12 de enero mediante el que se establece de hecho
una moratoria turística, que el turismo en sí se haya convertido en el problema
central del medio ambiente en Canarias.
Desde el
Círculo de Empresarios se han rechazado las conclusiones que en esta línea se
nos presentan por entender, entre otras cosas, que también se parte de
supuestos erróneos en tanto no creemos, tal y como afirma por nuestro Gobierno,
que el crecimiento económico insular se haya basado en el aumento ilimitado de
la oferta turística, o que ésta, tal y como se enuncia en el llamado Decreto de
moratoria, haya mantenido “un ritmo e intensidad creciente en los últimos
años”.
Los
datos hoy por hoy disponibles nos señalarían de hecho todo lo contrario
advirtiéndose, por ejemplo, que en el espacio de la última década nuestro
número de plazas turísticas apenas ha aumentado. Más aún habría que anotar que
en Islas como las de Gran Canaria o Lanzarote el volumen de la oferta turística
en concreto incluso ha disminuido.
Para
muchos, por supuesto, tales datos pueden parecer inauditos al entender que no
se corresponden con el crecimiento observable en nuestras zonas turísticas. No
obstante habría que destacar que una cosa es el crecimiento de la oferta
turística y otra el crecimiento urbano observado en el conjunto de la ciudad
turística, fruto sencillamente de la consolidación de su tejido y asentamiento
en estos años de las poblaciones que de éllas han surgido.
Las
razones que se han esgrimido por nuestro Gobierno para imponer una moratoria
turística no nos parecen, por consiguiente, suficientemente justificadas, so
pena de que podamos entender que lo que en el Decreto 4/2001 se dice lo
apliquemos de manera contraria. Así la oferta no es al final que aumente sino
que en realidad disminuye pudiéndose considerar tal situación también como
preludio de crisis o incapacidad de respuesta del sector al aumento de la
demanda.
En
realidad, y a tenor de los datos disponibles, podríamos desde esta perspectiva
considerar de hecho que en el ámbito turístico a lo que nos enfrentamos en
Canarias, tras cuarenta años de desarrollo intensivo del sector, es a la
conquista definitiva de un mercado maduro donde los márgenes se presentan cada
vez más justos y en el que la propia elasticidad de la oferta frente al aumento
de la demanda se comporta de una manera cada vez más rígida de forma que para
mantener igual número de camas se exige mayor número de turistas con las
consiguientes deseconomías y aumento de externalidades.
Desde
este punto de vista podríamos evidentemente pensar que para un mercado maduro
el modelo de desarrollo o de incentivos económicos aplicados hasta el momento
pueden resultar inservibles, exigiendo de cambios en la estrategia o en la
política sectorial para ir en línea, por supuesto, con las exigencias de la
demanda incentivando la calidad ambiental y cultural como factor de
competitividad de la manera en que así se expresa también por nuestro Gobierno
en su documento.
No
obstante si lo que se busca es la promoción de un turismo de calidad dentro de
un marco de desarrollo sostenible parece evidente también que las medidas
adoptadas por nuestro Ejecutivo no son tampoco las más adecuadas, a no ser que
se interpreten, cómo no también, en términos de barrera encubierta, para la
revalorización de activos como el suelo; y de protección a la oferta turística
establecida garantizando precios, ocupación y rentabilidad ante las
circunstancias comentadas.
En tal
caso, por supuesto, habría que exigir que así se reconozca explícitamente acompañándose de los instrumentos que para
ello se han previsto por la legislación vigente en materia, por ejemplo, de
ayudas de Estado; y a fin en definitiva de no perjudicar o garantizar también
el respeto a los derechos de contribuyentes, inversores y mismo usuarios.
El
Círculo de Empresarios de Gran Canaria ha compartido la necesidad de alcanzar
un compromiso por el Desarrollo Sostenible de Canarias, expresando en todo caso
su disconformidad frente a la aprobación de medidas como las aludidas. El
presente Memoradum intenta naturalmente resumir desde ese punto de vista la
posición y el análisis alcanzado por esta Secretaría General tras los debates
desarrollados en el seno de nuestra entidad a propósito del conjunto de
propuestas ofrecidas por nuestro Gobierno en su “Borrador de Compromiso por el
Desarrollo Sostenible de Canarias” y en el marco de un programa de acción sobre
la materia para el que como Círculo de
Empresarios nos hemos sentido o nos sentimos sin duda también obligados.
José Peñate
Secretario General
2.-
La situación del medio ambiente en Canarias. Interpretación de los datos sobre
contaminación y degradación de los recursos naturales en Canarias: aire, agua,
suelo, flora y fauna.
2.1 Antedentes. La contaminación importada y el cambio
Climático.
Estudiar
la situación del medio ambiente en Canarias, aunque difícil por la escasez de
datos y el descontrol de éstos podríamos decir que es en conjunto mejor que la
que puede presentar otras muchas regiones del planeta. A largo plazo podemos
incluso considerar que nuestros mayores problemas son los importados y
derivados de la gravedad del cambio climático que amenaza el planeta y los
efectos que de ello se deriven para Islas como las nuestras. Qué es lo que
hacemos en Canarias para prevenir todo ello o de qué forma podemos contribuir
los canarios a prevenir todo ello es algo que aún queda por hacer.
Fomentar,
en este sentido, una mayor concienciación de la ciudadanía sobre los problemas
de nuestro medio ambiente y la necesidad o propia conveniencia de su cuidado es
desde este punto de vista una de las acciones de Gobierno que mejor cabe hacer
en el ámbito de cualquier programa en pro de un desarrollo sostenible para
Canarias.
A este
respecto no nos caben dudas hasta el momento de que la actividad de nuestros
Gobiernos a estos propósitos ha sido más bien escasa, limitada y dispersa,
centrándose en realidad en la creación, puesta en marcha y mantenimiento de las
llamadas aulas de la naturaleza y en la difusión de diversos videos y
realización de alguna que otra campaña publicitaria en materia de educación
medioambiental.
La
introducción de una tal materia dentro de los ciclos formativos de nuestras
escuelas ha sido por otra parte una de las medidas de promoción implantada,
debiéndose no obstante hacer notar que pese a lo loable de la iniciativa ésta
puede carecer de efectos, si como se comprueba la propia escuela al final y las
practicas sociales en general se nos muestran también como totalmente
contrarias al logro de los objetivos a los que queremos aspirar.
Desde
esta perspectiva podemos en consecuencia seguir echando en falta una acción
permanente de Gobierno en la materia, compartiendo por supuesto las tesis de
nuestro Ejecutivo en orden a la necesidad de seguir impulsando la educación
ambiental en el seno de la sociedad canaria. No dejamos de apreciar, en
consecuencia, que nuestros problemas al final a veces surgen así más por falta
de un sentido quizás de urbanidad, que por razón del exceso de urbanismo, o, a
la manera que por nuestro Gobierno esto así se entiende cuando habla de “la
absoluta exigencia de evitar el panorama insoportable de una territorio
totalmente artificializado, en el que el hombre ha utilizado y transformado
cada uno de los metros cuadrados que le rodea”.
Mejorar
la calidad de nuestro urbanismo sin duda puede ser preciso; aunque más sin duda
para ello se hará preciso conseguir también un crecimiento o desarrollo en
positivo que nos ayude como se ve a mejorar, en definitiva, la calidad, la
productividad, la formación o educación en general de nuestras gentes.
El
Círculo de Empresarios de Gran Canaria es un centro de reflexión empresarial
que tiene por misión analizar y debatir los problemas e inquietudes que afectan
al desarrollo económico y social de Canarias, desde la órbita y a la luz del
respeto a los principios de la economía de mercado, la libertad de empresa, el
derecho a la propiedad o a la libre iniciativa privada. Con estos antecedentes abordamos, por tanto,
el estudio del documento puesto de manifiesto por nuestro Gobierno haciendo
salvedad así de todo aquello que consideramos importante a los fines y objetivos
propuestos.
2.2
La contaminación del aire.
Por
supuesto, los canarios no estamos entre ese grupo de regiones en el mundo a las
que podríamos tachar de ser las grandes contaminadoras del aire. Nuestra
contribución a la emisión de gases de efecto invernadero y emisión de
partículas contaminantes a la atmósfera es pequeña en relación con otras áreas.
No obstante es evidente que generamos algunos problemas con incidencia para la
salud de las personas y el medio. La contaminación atmosférica en determinadas zonas
de nuestras grandes ciudades y en zonas cercanas a las centrales energéticas
parece evidente. En todo caso, también parece evidente que el acceso del
público a la información disponible en la materia es escasa lo que nos lleva a
pensar que se puede estar produciendo una clara trasgresión al derecho a la
información medioambiental presente en Leyes como la 38/1995 sobre Derecho de
acceso a la información en materia de medio ambiente recogida entre otras de la
legislación comunitaria.
Por lo
demás, resulta patente que un uso más racional de nuestros medios de transporte
y el empleo de energías más limpias
como el gas junto al fomento de otras renovables son sin duda soluciones que
nos ayudarían a mejorar el panorama que presentamos en este aspecto, siendo
cuestiones ambas que aunque abordadas por nuestro Gobierno en su estrategia de
estudio seguimos sin ver adecuadamente perfiladas.
2.3
Contaminación acústica.
La
legislación comunitaria nos ha supuesto un avance en la materia. Las normas
sobre emisión de ruidos en vehículos a motor y maquinaria han contribuido a
mejorar la calidad de los productos a este respecto. Desgraciadamente los
progresos en materia de control de ruido -competencia en general de los
ayuntamientos- no han sido tan exitosos, debiéndose notar que la publicación de
Leyes como la de “Espectáculos y actividades clasificadas de Canarias” apenas
ha conseguido los resultados apetecidos.
En
general se sigue echando en falta la existencia de una policía de ruidos y la
elaboración de mapas adecuados para su control con la puesta en marcha de
programas de inversión en materia de lucha y eliminación de los mismos.
En esta
línea podríamos valorar también la necesidad de proceder, sin duda, a una mejor
tipificación penal de los delitos ecológicos y a la consideración, en
definitiva, del propio escándalo callejero como falta punible supliendo a la
normativa actualmente existente, centrada fundamentalmente en la regulación de
horarios de apertura y cierre, y la puesta en marcha por lo común de nuevas
Ordenanzas municipales en materia, por ejemplo, de control de ciclomotores,
etc.
En todo
caso, a efectos de este Memoradum habrá que destacar principalmente la falta de
previsión que sigue presentando nuestro Gobierno en la materia, tal y como se
comprueba en el documento de análisis que nos ofrece, caracterizado en este
caso por la ausencia de referencias a los problemas medioambientales que se
derivan del ruido y del conjunto de las actividades insalubres y molestas
practicadas en Canarias.
En
realidad, toda la estrategia de desarrollo puesta en marcha en el documento
queda así reducida al establecimiento de límites al crecimiento de la oferta
turística, mediante su concreción en un borrador de proyecto de Ley que centra
su atención en la creación de mecanismos de protección de la misma.
No
obstante ello habrá que considerar que una estrategia de desarrollo sostenible
para que sea válida no puede centrarse tampoco en la protección de sectores
económicos que no sean ecológicamente relevantes, ni impedir muchos menos la
inversión, la renovación tecnológica y la aparición de nuevos productos y
ofertas adecuadas a la calidad exigible por los mercados.
2.4
Radiaciones.
Aparte
del problema de la central nuclear de Marruecos o de las denuncias sobre
transporte de materias radiactivas por aguas canarias los problemas de la
contaminación radiactiva no parecen importar mucho en las Islas. Sin embargo,
es evidente que en el archipiélago pueden darse algunas situaciones de riesgo,
especialmente por la falta de control de determinados tipos de residuos
clínicos específicamente y materias peligrosas, sin olvidar que el temor a
fenómenos como el de las radiaciones electromagnéticas es algo que crece por momentos
a raíz del desarrollo de la telefonía móvil.
Resulta
preocupante, por tanto, las nulas aportaciones que hace nuestro Gobierno a
estos problemas e inquietudes medioambientales en su documento estratégico para
el logro de un desarrollo sostenible de Canarias, dejando al descubierto la
posible falta de previsiones de la Comunidad Autónoma en la materia, y la
necesidad consiguiente de seguir avanzando cara a la elaboración de un proyecto
de desarrollo creíble para las Islas.
2.5
El estado del agua.
De los
distintos problemas que presentamos en esta materia dos son sin duda lo que más
destacan por su evolución: salinización de acuíferos y contaminación de las
aguas costeras. En todo caso, es evidente que el objetivo básico de toda
política de gestión sostenible de este bien sigue estando centrado en la
reclamación de medidas que contribuyan a un uso más racional de tal recurso
mediante la fijación de precios adecuados en su consumo. El programa Agenda XXI
de las Naciones Unidas para el medio y ambiente y el desarrollo sostenible nos
señala nuestras obligaciones a estos efectos estableciendo, entre otras cosas,
que un requisito para la ordenación sostenible del agua, en cuanto recurso
escaso vulnerable, es “la obligación de que se reconozcan, en todas las
actividades de planificación y aprovechamiento, sus costos integrales. En la
planificación deberían considerarse los beneficios de la inversión y los costos
de protección ambiental y de explotación, así como los costos de oportunidad en
función del aprovechamiento alternativo más valioso del agua”.
Por
supuesto, ninguna de estas cosas se realiza en Canarias pese a que también se
pueda entender que el cobro efectivo de tarifas no tiene porqué gravar por
igual a todos los beneficiarios con las consecuencias que suponen tales
consideraciones. Sin embargo, sería conveniente que los mecanismos de cobro
reflejasen en todo lo posible el costo real del agua, cuando ésta se utiliza
como bien económico, teniendo en cuenta la capacidad de pago de los usuarios.
La práctica en principio de ofrecer información a éstos sobre el importe de la
subvención incorporada a su recibo de agua pudiera ser incluso desde esta
perspectiva una medida loable a estudiar y en orden a aumentar la concienciación
ciudadana sobre el problema.
Nuestro
condición de región pionera en el mundo en materia de desalinización de agua
nos obliga en definitiva a ser lo más exigentes posible en el uso y consumo de
un bien como el que venimos comentando, esforzándonos por supuesto para seguir
avanzando en el diseño de tecnologías que nos ayuden a reducir la relación de
dependencia y de consumo de combustibles fósiles que se mantiene en la materia.
En
general, observamos que nuestro Gobierno apenas menciona en su documento la
situación de los planes hidrológicos aunque coincidimos plenamente con éste en
lo expuesto cuando menciona la necesidad de invertir para mejorar la eficiencia
del sistema y conseguir una mayor optimización de las redes de distribución y
saneamiento.
Por otra
parte en materia de agua tendremos por lo demás que tratar también el propio
estado del de las costas y a través de la exigencia de controles contra las
emisiones y vertidos al mar en este caso, planteando tal y como propone nuestro
Gobierno en su documento de “Compromiso por un desarrollo sostenible” la
consideración de las aguas costeras como parte de la cuenca hidrológica.
En todo
caso, no dejamos de señalar aquí la necesidad de contemplar también los
problemas medioambientales que se pudieran derivar para las Islas a
consecuencia del propio tráfico marítimo que surca las aguas cercanas a
Canarias.
Los
riesgos de cualquier posible colisión, de formación de mareas negras, etc. son
aspectos en este sentido que deberíamos tener en cuenta también a la hora de
planificar la acción de nuestros Gobiernos en pro de un desarrollo sostenible,
exigiéndose de los mismos garantías concretas a este respecto, mediante la
puesta en marcha de planes y/o presupuestos de contingencia contra todo este
tipo de riesgos. En especial de aquellos que se pudieran producir por cualquier
emisión de sustancias no autorizadas como las derivadas, por ejemplo, de la
realización de prácticas clandestinas de eliminación de desechos por buques en
aguas internacionales limítrofes con Canarias.
2.6
El debate del suelo. Erosión, contaminación y pérdida de biodiversidad y
capital natural.
Sobre
todo lo dicho, sin embargo, parece evidente que es sobre el suelo sobre donde
verdaderamente se concreta y toma protagonismo el debate medioambiental de
Canarias. Tal cosa tampoco resulta extraña al ser el suelo el escenario en el
que al final toman cuerpo las distintas variables medioambientales. Desde esta
perspectiva hoy podemos de hecho decir que la destrucción del paisaje de las
Islas y sus consecuencias en términos de pérdidas de capital natural se ha
convertido en una de las cuestiones que mayor crecimiento experimenta entre los
motivos de preocupación política y social de Canarias, tal y como se expresa
por muchas encuestas.
Efectivamente,
en principio podemos coincidir en señalar que la perdida de suelo como
consecuencia tanto de la erosión natural como de la provocada por la acción
humana se convierte en un serio contratiempo que la sociedad debe saber
resolver. Entre otras cosas, habrá, por tanto en principio, que coincidir con
nuestro Gobierno en la necesidad de la reforestación y en la conveniencia de
evitar una mayor degradación de nuestro suelo.
No
dejamos de compartir además las preocupaciones de nuestro Ejecutivo en orden,
por supuesto, a reducir las consecuencias que se derivan del consumo de suelo
por razón del desarrollo de las infraestructuras y el tejido urbano. Visto en
conjunto por tanto resulta evidentemente que la situación de erosión,
degradación y perdida de suelo que presentan nuestras Islas puede ser
preocupante; aunque no por ello debemos dejar de pensar también que pueden
existir evidentes posibilidades de mantener,
recuperar y salvaguardar quizás la mayor parte de nuestros hábitat
naturales.
Efectivamente,
a efectos prácticos la superficie de suelo que pudiéramos considerar
irremediablemente perdida o degradada alcanza al 3 por ciento de la superficie
regional pudiendo llegar al doble por desarrollo del suelo calificado como
urbano y urbanizable por el planeamiento actualmente vigente. Por encima de
ello, sin embargo, existe casi un 40 por ciento de territorio seriamente
amenazado ante el abandono y por la erosión, observándose los mayores problemas
de nuestro suelo, por supuesto, en las zonas de costa y las mayores desgracias
naturalmente en las de medianías.
No deja
de ser patente así que pese a su relativa pequeñez la superficie urbana se
conforma al final también como una huella con campos y polos de atracción
económica y social que inciden sobre la totalidad del propio territorio
insular, justificando en consecuencia la presencia misma de una legislación
como la aprobada hasta el momento por el Parlamento canario con el fin de
prevenir la ordenación de nuestro suelo.
Desgraciadamente,
sin embargo, el éxito de tal legislación ha sido por lo que se ve también hasta
el momento muy escaso, siendo de lamentar así que pese a que casi el 50 por
ciento de nuestro suelo se encuentra sometido ya a algún tipo de protección,
conformando un mínimo de capital natural representativo de nuestro medio
ambiente, sus problemas no están solucionados, quedando marcados por la falta
de una planificación adecuada y la ausencia de controles respecto al desarrollo
de la misma.
La mayor
parte de nuestros Parques y reservas Naturales siguen sin contar con Planes
Directores o de uso y gestión y la protección de los mismos está bajo mínimos.
En la ordenación del suelo sigue pesando, por consiguiente, la ausencia de
planificación y la no aplicación consecuente de una legislación que se muestra
a tales efectos excesivamente reglamentista. Tal y como afirma el propio
Gobierno en su documento la mayoría de las Islas siguen aún sin contar con
Planes Insulares siendo, por lo demás, pocos los municipios que cuentan con
Plan General aprobado.
A las
deficiencias de la planificación y de los controles aplicados se vienen a
añadir sobre el territorio el resto de presiones que sufre nuestro suelo,
consecuencia evidentemente de la presión demográfica que provoca la riqueza
económica, y, cómo no el desarrollo de los gustos habitacionales de una región,
amante de un urbanismo disperso que puede suponer evidentemente también un lujo
y derroche para unas Islas que apenas disponen de un recurso tan escaso y
finito como ese.
En toda
esta línea podríamos entender, tal y como viene proponiéndose por el Gobierno,
el establecimiento de una nueva fiscalidad específica sobre lo que se denominan
segundas residencias; aunque en principio podría parecer más adecuado llegar a
grabar sencillamente a todo tipo de viviendas y acabar con el fraude fiscal que
a consecuencia de la propia construcción clandestina se da por muchas de éllas.
En todo
caso, falta por valorar a efectos de justificar la imposición de cualquier
tributo el daño ecológico que puede provocar ese urbanismo disperso que con
asiduidad criticamos debiéndose entender que no llega tampoco en muchos casos a
representar riesgo de pérdida de suelo, siendo criticable más por la
servidumbres que provoca al paisaje, que por impedir las posibilidades de
reutilización del territorio.
Desde
este punto de vista los costes de este tipo de urbanismo estarían más centrados
en los efectos que arrastra ante la necesidad de dotarlos de infraestructuras
desde la apertura de pistas al tendido de todo tipo de redes ya sean de
suministro (agua, luz, o teléfono) como de saneamiento. Gravar a sus
propietarios con el coste de éstas y ejercer evidentemente un control adecuado sobre
este tipo de urbanismo para hacer viviendas más sostenibles podrían ser desde
este punto de vista medidas mucho más planteables.
Por lo
demás, habrá que reconocer que el coste del suelo y los altos precios que
añadido a ello alcanza la vivienda en Canarias puede contribuir enormemente
también al fomento de tal tipo de construcciones dispersas, siendo necesario,
por tanto, adoptar medidas que nos permitan luchar contra la especulación
multiplicando esfuerzos en la política de vivienda a fin de corregir el
fenómeno comentado, ligado entre otras cosas a la autoconstrucción de tanto
arraigo en nuestro acervo.
Por otra
parte, deberíamos coincidir con nuestro Gobierno a la hora de señalar los
problemas que supone el uso y empleo intensivo de abonos e insecticidas tanto
para la salud como para el suelo de manera que los riesgos de pérdidas de éste
también por acidificación son un riesgo evidente. Los problemas
medioambientales que generan las actividades agrícolas precisan, por tanto, de
una ordenación de las mismas mediante el control de las prácticas dañinas y el
fomento de aquellas menos contaminantes. En igual sentido habrá que actuar, por
supuesto, contra el conjunto de actividades económicas o contra los abusos en
definitiva de cualquier vertido incontrolado.
En
general podemos admitir, por tanto, las conclusiones de nuestro Gobierno
respecto a la evaluación en conjunto que presenta de nuestro territorio y sus
problemas echando en falta en todo caso que dentro de sus compromisos apenas
cuente la necesidad de reducir, en definitiva, las desigualdades y
arbitrariedad que se observa en general para con la ordenación del mismo.
2.7
Flora y Fauna.
Con todo
no parece posible que podamos terminar este primer avance sin señalar los
problemas de la flora y la fauna y sin que prestemos, por consiguiente,
atención en primer lugar al preocupante crecimiento de los incendios forestales
convertidos en verdaderas amenazas para la supervivencia de nuestra flora y
fauna. Es de notar en gran medida la nula atención que nuestro Gobierno ha
prestado a dicho problema en su documento pese a contener éste evidentes
medidas en apoyo de nuestra flora y fauna como aquellas que propone para la
apertura de corredores que permitan conectar los diferentes habitats de nuestro
territorio.
Tampoco
sería lógico que nos olvidemos en este campo del problema de la introducción de
especies foráneas las cuales pueden suponer una amenaza para la conservación de
nuestra biodiversidad. No dejamos de anotar así, dentro del programa de
desarrollo sostenible presentado por nuestro Gobierno, la necesidad de
introducir siquiera alguna referencia a la situación de las medidas adoptadas
hasta el momento cara a una mayor protección y preservación de las especies
autóctonas amenazadas.
3.-
Análisis de medidas. La lucha contra la contaminación y contra las actividades
que dañan el medioambiente de Canarias.
Como
Círculo de Empresarios y a efectos de este Informe o Memoradum viene resultando
patente que no dejamos tampoco de compartir los criterios de Gobierno descritos
por nuestro Ejecutivo en el capítulo VI de su documento, señalando en todo caso
las salvedades que cabría hacer frente a los mismos o respecto a las medidas
propuestas.
3.1
El debate de la población: La creación de ciudades sostenibles y la mejora del
medio ambiente urbano.
Si nos
atenemos a los hechos parece que no hay dudas respecto a la verdad de aquella
premisa que dice que para preservar el medio ambiente natural es necesario
establecer asentamientos urbanos sostenibles. Tal cosa es naturalmente
totalmente aplicable a Canarias, y en la medida en que, por ejemplo, podemos
observar como gran parte de la presión que se ejerce sobre los parques y áreas
naturales de las Islas obedece a los propios deseos de ocios y esparcimiento de
las poblaciones urbanas canarias.
Aumentar
las dotaciones de ocio y áreas de esparcimiento urbana se torna desde este
punto de vista en una inversión fundamental para el logro de un desarrollo
sostenible, no entendiéndose en consecuencia las propias restricciones puestas
de manifiesto por nuestro Gobierno en su documento cara a la implantación de
nuevas zonas de ocio como las que pudieran derivarse también de la apertura de
centros y áreas comerciales.
Habrá
que insistir, por tanto, en que mejorar la calidad de nuestros asentamientos
humanos -de la manera que se expone también por nuestro Gobierno en términos de
creación de espacios libres y compactación del tejido urbano, aparcamientos,
etc.- es en realidad nuestro objetivo fundamental. No podemos olvidar que en
las últimas décadas nuestras Islas han
experimentado un extraordinario crecimiento económico fruto del turismo
y del crecimiento de la población que al mismo ha acompañado. A lo largo de las
últimas décadas hemos podido, por tanto y gracias a todo ello, frenar el flujo
de emigrantes canarios al exterior pudiéndose incluso hasta pensar que la
inmigración alcanzada en las últimas décadas no ha hecho más que suplir en
parte esas pérdidas ingentes de población que durante la centuria habíamos
experimentado.
Partimos,
por consiguiente, de considerar que el crecimiento económico se asienta sobre
el crecimiento demográfico y pese a entender también que para que todo ello
crecimiento demográfico y crecimiento económico se traduzcan en bienestar deben
darse en condiciones de equilibrio adecuadas. La experiencia que viven hoy los
países subdesarrollados nos señala en tal sentido la importancia de este tema y
la necesidad, por tanto, de controlar el crecimiento población tal y como se
exponía ya en 1994 durante la celebración de la Conferencia Internacional sobre
población y desarrollo.[1]
No
dudamos, por tanto, tampoco en pensar que un crecimiento desbordado de la
población puede tener consecuencias nefastas, debiéndose a reglón seguido
entender también que para alcanzar su crecimiento ordenado todos nuestros
objetivos deberían pasar por disponer cada vez más de una población más sana y
formada.
Desde
este punto de vista no podemos compartir las ideas y propuestas expresadas por
nuestro Gobierno en su documento desde el punto y hora en que con las mismas lo
que se nos exige es frenar el crecimiento de la población, mediante el estudio
de medidas limitativas, y no en realidad avanzar hacia un crecimiento adecuado
de ésta. No dejamos de pensar que frenar y reducir la población significa
también reducir mercados y alentar por extensión situaciones de recesión
económica como las vividas por Canarias durante años en los que prácticamente
se acabo con los habitantes de muchas Islas. Pensar en repetir tal situación se
nos puede antojar como un verdadero despropósito.
3.2.
El problema de los residuos.
En
realidad este podría ser al final el problema medioambiental que más nos
pudiera angustiar en Canarias. Más aún en gran medida podríamos incluso hasta
pensar que de hecho es el gran problema de la economía actual: la reducción, la
recuperación, el reciclaje, la valoración y eliminación de los residuos y
materias que producen las actividades de consumo y producción humanas.
El
establecimiento de unos objetivos claros en la materia y el cumplimiento de los
Planes de Residuos es evidentemente el gran reto al que debe enfrentarse
nuestro Gobierno, sin menoscabo de que por el conjunto de la sociedad se
adopten unas pautas de comportamiento más respetuosas con el medio. En todo
caso, es evidente que pese al comportamiento de la población la incapacidad de
nuestras Administraciones Públicas para cumplir con sus obligaciones en materia
de recogida, tratamiento y eliminación de residuos es desde todo punto de vista
algo extremadamente preocupante dándose retrasos evidentes en la ejecución de
los Planes.
3.3.
El ejemplo agrícola.
La
agricultura ha sido tradicionalmente la gran consumidora de suelo y recursos
naturales. Las técnicas agrícolas tradicionales extensivas en el uso y consumo
de recursos presentan, sin embargo, un alto rendimiento ecológico dando forma
incluso a espacios de alto valor cultural, tal y como se ha expresado por
nuestro Gobierno. Las técnicas agrícolas modernas, mucho más intensivas y
esenciales para garantizar un alto nivel de producción de alimentos, pueden no
obstante provocar daños irremediables en el medio, exigiéndonos evidentemente la
necesidad de tener que redirigir de hecho todo el abanico de ayudas públicas
que recibe el sector (vía POSEICAN, OMC del plátano, etc.) a la producción y
promoción de una agricultura más ecológica.
La
agricultura se nos puede presentar, así en este sentido, como un ejemplo de lo
que supone el desarrollo económico y disfuncionalidades que puede provocar. La
aparición de los modernos medios de transporte y la mecanización en general de
las actividades han supuesto, por ejemplo, para las economías agrícolas el
declive de una parte importante de su actividad con el abandono y desaparición
de todas aquellas tierras dedicadas tradicionalmente al cultivo de alimentos y
forrajes para el ganado y animales sustituidos por la mecanización.
Desde
esta perspectiva no hay dudas en cuanto a que el desarrollo económico y
tecnológico nos ha permitido aumentar la productividad agraria. Sin embargo,
también es evidente que ello se ha producido a cambio de dejarnos en herencia
unas enormes superficies de terrenos baldíos y abandonados viviendo de una
población marginal que dan lugar a un escenario que ha supuesto para las
economías industriales la necesidad de garantizar su protección.
En todo
caso, el tipo de protección que se viene ofreciendo se nos antoja a todas luces
también económicamente ineficiente y ecológicamente gravosa necesitándose de
cambios en el modelo de Política Agrícola y protección consecuente aplicada. A
este respecto apenas apreciamos interés en nuestro Gobierno quién sigue
insistiendo en la revalorización de las actuales ayudas agrícolas, tal y como
se puede apreciar en el punto 115 de su documento, obviando al propio tiempo la
necesidad de proceder a una más justa distribución de las mismas y en provecho
naturalmente de los productores más pobres. En general, seguimos echando en
falta, por tanto, la existencia de propuestas concretas de impulso también al
desarrollo rural, y cara a una ordenación equilibrada y sostenible de la propia
actividad, para reconducir entre otras cosas problemas como los que conlleva el
impacto, por ejemplo, de los invernaderos sobre el paisaje.
3.4
La extracción minera.
Nadie
duda, por lo demás, de que la extracción de áridos y la producción de piedra
comporta evidentes problemas para el medio que se ve mermado con la destrucción
irreversible de unos recursos naturales escasos. En todo caso el mantenimiento
de la actividad debe venir garantizada con el establecimiento de medidas que
contribuyan a hacer efectivas las obligaciones de restauración del medio tal y
como establece el Gobierno de Canarias en su documento.
3.5
Energía y telecomunicaciones.
Las
medidas que desde Canarias se han venido proponiendo parecen desde todo punto
de vista adecuadas, sin perjuicio de considerar que las demandas en pro del
enterramiento y conducción bajo tierra de los tendidos eléctricos, etc. allí
donde sea posible puede ser un objetivo plausible, siempre y cuando no genere
mayores costes medioambientales. No podemos dejar de señalar que el daño que
ello puede producir en el suelo puede ser incluso mayor que el que actualmente
provocan para con el paisaje.
3.6
Transporte.
La
polución y congestión del tráfico y el consumo en general de suelo que generan
las necesidades de infraestructuras de transporte son sin duda los más graves
problemas que acusa la actividad. En este sentido, y aunque los objetivos
parecen claros la política de transporte seguida por nuestra Comunidad Autónoma
sigue sin dar frutos claros, pese a su coste, volumen de inversiones y nivel de
ayudas y subvenciones.
En este
sentido, parece evidente que si queremos racionalizar el intensivo uso de suelo
por parte de las infraestructuras habrá que incluir los costes reales de las
infraestructuras y del medio ambiente en las políticas y decisiones de
inversión; y en los costes e impuestos, por supuesto, que recaen sobre los
usuarios.
Si
buscamos mitigar, por otra parte, las necesidades de transporte se hará preciso
ante todo disponer de una planificación económica y de los usos del suelo
adecuada, entendiendo de igual forma que si lo que deseamos es mejorar el uso
del automóvil y reducir los efectos de su polución habrá que acabar por
incentivar, sobre todo, el empleo de vehículos más ecológicos y la renovación
consecuente del parque.
Si
apostamos por favorecer por último el desarrollo del propio transporte público
parece lo más lógico pensar que habrá que mejorar ante todo la calidad y
competitividad de su oferta lo que comporta, por supuesto, reducir las barreras
que limitan el crecimiento y la competencia en el sector.
Compartiendo
por tanto en conjunto los objetivos propuestos por nuestro Gobierno en su
documento podríamos así decir que incluso decisiones de inversión que hoy se
presentan como irrenunciables en Canarias, cuales son las de implantación de
sendas líneas de trenes en las principales islas del Archipiélago, pueden
tornarse insostenibles en el tiempo.
3.7
Industria.
El
escaso peso de la industria en Canarias y la ausencia de industrias altamente
contaminantes nos colocan sin duda en una posición envidiable para la
protección de nuestro medio ambiente ante fenómenos graves, como por ejemplo,
la lluvia ácida, etc.. No obstante es evidente que una mayor participación de
nuestra industria en el logro de un desarrollo sostenible puede ser importante
por lo que el fomento de medidas como las que se vienen proponiendo cara a la
introducción de tecnologías más limpias, ecoauditorías, ecoetiquetas, etc.
parecen bastante saludables.
Por lo
demás, parece evidente que los propios objetivos de mayor desarrollo industrial
y diversificación económica a los que aluden los distintos planes del Gobierno
canario están seriamente amenazados por los altos precios del suelo y la
especulación a la que se ven sometidas los polígonos industriales inmersos en
una espiral que fomenta el consumo de suelo y la propia aparición de polígonos
clandestinos. Aún asumiendo los compromisos ofrecidos por nuestro Gobierno no dejamos,
por tanto, de lamentar la escasez de medidas que contribuyan a mejorar nuestra
oferta de suelo industrial para hacer posible y atractiva la inversión en
Canarias.
3.8
Construcción.
En todo
caso, es evidente que nuestras mayores inquietudes se nos presentan ante la
construcción como actividad básica de nuestra economía. El peso y la
importancia que tiene para el mantenimiento del empleo y la generación de la
renta regional es indudable al igual que los son todos los efectos
medioambientales que de la actividad se derivan. El reto al que nos enfrentamos
es por tanto el de avanzar hacia una construcción más ecológica incentivando la
investigación en este campo y a fin de mejorar la calidad de los productos y
materiales inmobiliarios. Habrá que compartir en esta línea las propuestas
avanzadas por el Gobierno de Canarias sin olvidar también la necesidad de
introducir criterios de eficiencia energética y ambiental en la construcción de
viviendas, con incentivos especiales para las de protección oficial (VPO).
3.9
Turismo.
Poco se
puede decir respecto al análisis y propuestas que a favor de un turismo
sostenible se viene proponiendo, no ya por nuestro Gobierno sino en general por
organismos tales como la propia UE o la OMT. La Conferencia mundial a favor de
un turismo sostenible celebrada en Lanzarote, y sus propuestas a favor del
mismo pueden ser en este sentido puntos de partida interesante, teniendo en
cuenta por otro lado que en las mismas no se encuentran referencias, por
supuesto, a medidas que podría ser calificadas de perniciosas y claramente
restrictivas de la competencia como las que se derivan de los proyectos de Ley
presentados y Decretos de moratoria recientemente aprobados por nuestro Gobierno.
Los
efectos perversos que se pueden derivan de tales medidas al precipitar las
inversiones y la ilegalidad, por tanto,
de los planteamientos que se viene haciendo desde nuestro Ejecutivo en este
terreno son evidentes en tanto siguen sin entenderse, entre otras cosas, que un
desarrollo sostenible pasa, tal y como se puede interpretar de la propia
Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo y su Agenda 21, por
un buen funcionamiento de los mercados y el establecimiento de un marco competitivo
adecuado. Desde este punto de vista nada de lo que nos ofrece por el Gobierno
parece contribuir a ello tal y como arriba se ha constatado.
Habrá
que indicar por otra parte la importancia que el turismo tiene en nuestra
economía siendo el verdadero impulsor de ésta. Desde esta línea, por supuesto,
nadie parece dudar de la necesidad de ordenar nuestra oferta a fin de mejorar
su calidad y evitar cualquier deterioro de ésta.
A estos efectos no dejamos
siquiera de señalar que el crecimiento de toda oferta turística se ha movido,
también desde siempre, en parámetros que esconden un alto componente
especulativo. Sobre la misma han influido en todo momento las circunstancias
políticas; y a su lado han gravitado y gravitan por lo común inversores y
capitales carentes de experiencia, sin interés muchas veces por el sector y con
inversiones que se entienden en ocasiones de refugio o en las que priman por
momentos más las virtudes del ahorro inmobiliario o el escenario fiscal que el
desarrollo de cualquier producto turístico. Este podría ser incluso el caso de
las llamadas Comunidades de Propietarios cuya actividad y circunstancias han
sido ya desvelados por nuestra propia legislación tal y como se constata en la
vigente Ley de Ordenación del Turismo de Canarias.
Por otra parte nadie duda de que
la fijación de unos determinados estándares turísticos de calidad y
mejoramiento de la oferta siguen siendo imprescindibles para el futuro del
sector. De todas formas de poco sirven tales criterios si los mismos no se aplican
con rigor. De nada vale en consecuencia que las restricciones se exijan a la
nueva oferta del mercado si las mismas no se extienden también así por igual al
conjunto de productores, obligando en definitiva a la reforma y reconversión de
lo que se considera planta alojativa obsoleta.
De no ser así lo que ocurre es
que nos encontraríamos simple y llanamente ante una restricción encubierta de
la competencia, con normas discriminatorias imposibles de admitir en un Estado
de Derecho donde la justicia exige, entre otras cosas, que las medidas estén
regladas y vengan adecuadamente justificadas de manera que resulten
proporcionadas a los fines que persiguen.
Por ahora no hay nada a este
respecto que nos permita pensar que las medidas de nuestro Gobierno caminen así
en la dirección adecuada. Más bien todo hace creer lo contrario. Tanto el
Decreto sobre moratoria o el PlOT de Lanzarote pecan en este sentido, también
por ejemplo, de clara complacencia.
Por lo demás, el temor que parece
expresar nuestro Gobierno ante el desarrollo turístico podría llegar a ser en
todo caso también exagerado. Así, de acuerdo con los datos de nuestro Gobierno
el potencial de la oferta turística canaria puede alcanzar en estos momentos el
millón y medio de plazas contando para ello, por supuesto, con las ya
construidas, las pendientes de ejecutar o las previstas por el planeamiento
urbanístico vigente. Ello podría suponer en conjunto triplicar la oferta actual
para alcanzar cifras que nos coloquen en la necesidad de superar en valores de hoy casi los 60
millones de turistas o ejecutar inversiones que superan por billones el valor
de nuestro PIB representando un escenario imposible de alcanzar siquiera a
medio plazo. Por lo demás los valores de esa oferta turística potencial -contemplada
en un planeamiento con vigencia en algunos casos desde hace más de diez años-
deberán contemplarse en el tiempo de forma actualizada y ante los efectos entre
otras cosas de los nuevos estándares urbanísticos y normas de calidad hasta
ahora aprobadas.
Las posibilidades de desarrollo
de la actual oferta turística de nuestro Archipiélago están, por consiguiente
al final, seriamente cercenadas por la propias condiciones del mercado y
enmarcadas evidentemente en una estrategia de muy largo plazo. Las moratorias,
tal y como demuestran distintas experiencias, no hacen más que precipitar por
tanto los acontecimientos debiéndose frente a ello actuar en consecuencia y
dentro límites que permitan a los mercados responder siempre de manera pausada
y a ritmos convenientemente ordenados.
Desde este punto de vista no
hemos dudado nunca -tal y como se
confirma de las actas y debates sostenidos por la Asamblea General de este
Círculo de Empresarios en el marco del
presente Memoradum- de la legitimidad y capacidad de nuestro Gobierno para
establecer Directrices Generales de Ordenación del Territorio. No obstante,
entendemos que éstas se deben ofrecer dentro de una estrategia que responda a
las reglas y principios de buen funcionamiento de una economía de mercado. Es evidentemente
que los mercados turísticos a nivel global están seriamente limitados, ya sea
por comportamientos oligopolísticos, o por restricciones y barreras de muy
diverso signo. Lo que se pide, en consecuencia, de una política turística es
que sepa responder a todo ello ofreciendo la cobertura que los mercados
requieren para actuar con eficacia.
3.10
Comercio.
Como
hemos dicho tampoco no es posible coincidir en el análisis global que a estos
efectos se nos propone por el Gobierno. Las necesidades de suelo que exigen las
nuevas áreas comerciales no representan a nuestro juicio un problema tan grave
para el medio como pudiera ser al final el de la propia existencia de un
comercio no sostenible que fomente el consumo de productos de baja calidad y
dañinos para el medio.
En el
análisis que sobre el sector nos ofrece el Gobierno sigue sin tomarse en cuenta
por tanto los problemas que a todos estos efectos se nos pueden presentar.
Desde esta perspectiva los impactos que para con el territorio representan las
grandes superficies comerciales se ven ampliamente superados por las
necesidades de disponer de un comercio competitivo y de calidad.
Los
altos precios de los alquileres consecuencia también de las limitaciones al
establecimiento de nuevas superficies comerciales se presentan, así por
tanto, como una de las cosas de mayor
incidencia evidentemente en el desarrollo de la propia actividad comercial,
limitando la capacidad de inversión del pequeño y mediano empresario y el
mantenimiento consecuente de un amplio, moderno y renovado tejido empresarial.
En el
marco de un comercio sostenible se hará necesario, por consiguiente, garantizar
las adecuadas condiciones de competencia a todos los niveles y a fin de que,
conforme se expresa por la propia Declaración de Río sobre crecimiento y medio
ambiente, “las medidas de carácter medioambiental no constituyan una
discriminación arbitraria o injustificable, ni una restricción velada al
comercio y la inversión”. Una sana y leal competencia contribuye de forma
adecuada a la asignación de recursos, siendo ello algo que nos permite abordar
de mejor manera los problemas de la degradación medioambiental.
3.11
Administraciones Públicas.
Nuestras
administraciones públicas pueden ser al final evidentemente el mayor foco de
contaminación de nuestras Islas dados los efectos medioambientales que se
derivan de sus políticas y el propio peso específico que supone su actividad en
el conjunto de la economía. Un desarrollo sostenible exige así de
Administraciones sostenibles sometidas, entre otras cosas, a ecoauditorias.
Exige por ejemplo de cambios que afectan entre otros a los procesos de compra,
a las políticas de aprovisionamiento y al conjunto del consumo y actividad
pública a fin de valorar desde la adquisición de productos mucho más ecológicos
a la menor producción de residuos.
Para el
logro de un desarrollo sostenible se hará preciso en consecuencia disponer de
unas administraciones públicas competentes o competitivas a todos los niveles,
capaces de asumir los retos y liderazgo que se exigen al efecto. Es de lamentar
a este respecto la falta de compromisos concretos por parte de nuestro Gobierno
en su documento sin que ello nos impida desde el presente Memoradum dejar
constancia de nuestro apoyo a la posible implementación de Agendas 21 por parte
de nuestras Administraciones, tal y como se propone por nuestro Ejecutivo en su
documento.
3.12
La cuestión de los instrumentos.
A)
El encaje de una nueva fiscalidad para una nueva contabilidad.
A lo
dicho no dudamos por lo demás en añadir, para el éxito de un programa de acción
como el que venimos comentando, todas esas otras propuestas a favor de las
PYMES -y para facilitar su acceso a tecnologías más limpias- protección del
patrimonio, etc. que desde la propia UE se nos viene exigiendo, reiterándose
convenientemente por nuestro Gobierno en su documento.
Dentro
de ese esquema consideramos que adquiere capital importancia, por supuesto, las
llamadas a la introducción de lo que se ha llegado a calificar de instrumentos
de mercado (impuestos, ecostasas, compras de derechos medioambientales, etc.)
los cuales de acuerdo con la experiencia adquirida en muchos países se
presentan como mucho más efectivos que las técnicas o instrumentos
tradicionales de intervención, planificación, regulación, etc.
En todo
caso, parece evidente que éxito en la introducción de tales instrumentos de
mercado para la ordenación de un desarrollo sostenible viene determinado por su
equilibrio en un cuadro de eficiencia y eficacia, lo que comporta, entre otras
cosas, la realización de cambios y su adecuada combinación con el resto de
técnicas de intervención. En este sentido, no vemos posible, y sería por el
contrario enormemente contraproducente, la introducción por ejemplo de ecotasas
o de nuevos impuestos medioambientales si ello no va acompañado evidentemente
de una reforma global del propio sistema tributario y en orden entre otras
cosas a garantizar la competitividad de nuestras empresas y economía en
términos al menos de equivalencia en grado de presión fiscal.
Desgraciadamente
tales consideraciones no parecen ser tenidas en cuenta por nuestro Gobierno
siendo de esperar naturalmente que dé cumplida cuenta de todas ellas en el
marco de la estrategia que viene proponiendo. En esta línea por ejemplo podría
presentársenos como necesario la oportunidad de reclamar, por ejemplo, una
reforma del Impuesto de Bienes Inmuebles a fin de dotar de exenciones y
bonificaciones sobre el mismo a aquellos inmuebles de naturaleza bioclimática.
Por otra
parte, y dentro de la línea y propuestas que a todos estos efectos se nos
ofrece por nuestro Gobierno, no dudamos tampoco en compartir evidentemente la
necesidad de realizar un mayor control sobre el conjunto de las ayudas públicas
que se perciben por las empresas en Canarias valorando evidentemente sus
efectos para con el medio ambiente. El caso mil veces analizado de los
incentivos agrícolas o las propuestas gubernamentales que se realizan entorno a
la RIC reflejan la incidencia e importancia que tienen también éstas para con
aquel.
En todo
este orden de cosas no dudamos, por tanto, en apoyar la necesidad de
reflexionar sobre el papel de los incentivos fiscales y el conjunto, en
definitiva, de instrumentos de lo que debemos disponer para garantizar un
desarrollo económico sostenible, dentro de un marco global y concertado que
aprecie, por supuesto, el papel bajo el que cabe aplicar, por ejemplo, las
directrices comunitarias en la materia y la mejora en conjunto de las figuras
que componen hoy nuestro Régimen Económico y Fiscal garantizando que el mismo
contribuya también al mayor desarrollo económico, social y ambiental de
Canarias.
B)
De una nueva contabilidad a una más justa distribución de la riqueza.
Evidentemente,
apostamos en consecuencia por todas esas propuestas que se realizan desde
nuestro Gobierno en orden a perfeccionar nuestros métodos de análisis y
evaluación económica a fin de tomar en cuenta las variables medioambientales en
el diseño de nuestras políticas económicas.
Nada
podemos objetar, por consiguiente, a las propuestas sobre instrumentos que se
reclaman desde el Gobierno, a no ser que reconozcamos también que las medidas
adoptadas hasta el momento resultan totalmente insuficientes y claramente
regresivas. En especial si consideramos la situación que presentan nuestros
presupuestos públicos, y su falta de criterios a la hora de garantizar una
justa y adecuada distribución entre las Islas y sus habitantes de sus recursos
y rentas.
No
creemos sin embargo que sea necesario insistir aquí en las diferencias
sustanciales que a todos estos efectos se producen entre las Islas y sus
habitantes. Ni resaltar en todo caso la grave situación que por supuesto
también presenta Gran Canaria a estos efectos, sin duda la Isla ecológicamente
más dañada y la peor tratada en tal supuesto por los presupuestos. En conjunto,
por tanto, a lo que aspiramos es a que por fin tales situaciones se corrijan y
que en aras a un desarrollo sostenible podamos disponer de instrumentos y
medidas que ayuden a solventar las diferencias hasta ahora dadas.
Conclusiones.
La
Agenda XXI adoptada por todas las naciones de la tierra representa el gran
programa marcado por las naciones del mundo para el siglo XXI a favor de un
desarrollo sostenible. Como tal supone el logro de un derecho universal a
través del que los países se comprometen a la adopción de medidas y al respeto
a toda una serie de principios (como el de quién contamina paga, prevención,
etc.) que hagan posible el crecimiento económico y la preservación del medio
ambiente para configurar un desarrollo sostenible, entendido entre otras cosas
como aquel que garantiza el crecimiento de las generaciones presentes sin poner
en el peligro el crecimiento de las generaciones futuras.
Al
desarrollo sostenible se refiere, por supuesto y por primera vez en nuestra
legislación, la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y el posterior
Decreto Legislativo 1/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de dicha
Ley y la de Espacios naturales de Canarias. Desgraciadamente, y desde las
propias instancias oficiales la normativa existente se nos viene presentando
como completamente inútil e incapaz de garantizar por lo que se ve un
desarrollo sostenible de Canarias. Las propuestas del Gobierno formulando un
anteproyecto de Ley de medidas urgentes en materia de desarrollo sostenible de
Canarias así nos lo revela.
La causa
de tal fracaso hay que achacarla evidentemente a la incapacidad y reiterado
incumplimiento de los instrumentos de planificación que desde el Gobierno y las
distintas administraciones públicas se nos viene permanentemente proponiendo.
En este sentido, y pese a lo ampulosamente declarado por Leyes como las que
regulan la ordenación de nuestro territorio, seguimos entre otras cosas
recurriendo rigurosamente a técnicas de planificación desintegrada, abusando,
en definitiva, de nuestra capacidad de intervención para la formulación de
planes de todo tipo muchas veces inconexos y contradictorios.
Da la
impresión así de que la avalancha normativa a la que a veces nos lanzamos no
contribuye más que a hacernos olvidar al final nuestras propias obligaciones
para con lo importante o para con la aplicación, en definitiva, de unos valores
y principios que deberíamos considerar fundamentales. No dejamos de olvidar en
consecuencia que derechos tales como el de la propiedad, libertad de empresa o
participación viven a veces así seriamente amenazados por normas de diversa
naturaleza.
El nuevo
anteproyecto de Ley que a efectos de un desarrollo sostenible ha presentado
nuestro Gobierno no presenta, en este sentido, ningún cambio en el panorama
actualmente existente y apenas supone, por tanto, avance para el
establecimiento de un tal desarrollo en Canarias, al menos en la línea que así
se ha entendido por la Comunidad Internacional o por la propia Unión Europea a
cuya estrategia o plan de acción en materia de desarrollo sostenible deberíamos
seguramente suscribirnos.
En todo
caso, habrá que agradecer al Gobierno de Canarias los esfuerzos que viene
realizando en aras a abrir el debate entorno a la necesidad de avanzar hacia el
logro de un desarrollo sostenible de las Islas. Por la totalidad de los agentes
económicos, políticos y sociales se ha evidenciado la necesidad del mismo. No
en vano de lo que estamos hablando es también de mejorar nuestra
competitividad, pues como parece demostrado un desarrollo sostenible nos brinda
también la oportunidad de abrir cauces a unas nuevas y mejores formas de
prosperidad, generación de empleo y creación de negocio.
Compartimos
en consecuencia la necesidad y oportunidad del cambio a la que alude nuestro
Gobierno. Desde esta perspectiva nuestras diferencias con su documento de
acción y debate “Borrador de Compromiso por el Desarrollo Sostenible de
Canarias” pueden ser consideradas
también mínimas aunque no por ello sustanciales, y en tanto que como hemos
intentado presentar afectan también a la interpretación de los datos y por
extensión a la viabilidad de las medidas propuestas.
En este
sentido, y como Círculo de Empresarios hemos apostado por la formulación de un
nuevo compromiso en pro del desarrollo sostenible de Canarias que en línea con
lo ofrecido por nuestro Gobierno incluya, además de a Cabildos Insulares y
Ayuntamientos, a la sociedad en general en orden al logro de los objetivos
propuestos. Lamentamos en definitiva que del borrador de “Compromiso por el
Desarrollo Sostenible de Canarias” queden excluidas de esta manera sectores o
actuaciones que se pudieran considerar también esenciales para el conjunto de
la economía o medidas en conjunto que nos adviertan de la necesidad de crear
una sociedad cada vez más justa, libre y próspera.
El
manifiesto adoptado por la Asamblea General del Círculo de Empresarios de Gran
Canaria de 3 de abril de 2001 sobre la moratoria turística contempla en este
punto nuestra determinación en defensa de lo expuesto y a él nos remitimos en
consecuencia como mejor conclusión al presente Memoradum.
ANEXO
Resolución de la Asamblea General del Círculo de Empresarios
de Gran Canaria.
SOBRE LA MORATORIA TURÍSTICA
MANIFIESTO DEL CIRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA
El Circulo de Empresarios de Gran Canaria, ante el gran riesgo que para la economía de las Islas representan la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias sobre la moratoria turística y el anunciado proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible, quiere expresar su postura en los siguientes términos:
1.- El turismo de sol y playa, que tan negativamente es valorado en la campaña oficial y “oficiosa’ del Gobierno de Canarias, ha sido y es el motor de nuestra economía, principal base de la riqueza y bienestar que hoy disfruta el Archipiélago Canario.
2.- Es una grave irresponsabilidad crear estados de opinión que puedan originar actitudes negativas hacia nuestros visitantes turísticos “de sol y playa”.
3.- Es injusto acusar a las construcciones turísticas de los aspectos negativos de la situación actual, olvidando el grave deterioro del paisaje que producen principalmente las cuantiosas construcciones ilegales y la falta de control de las mismas por parte de la Administración (véase el entorno de muchas construcciones turísticas de calidad).
4.- La moratoria tiene efectos perversos que, lejos de resolver los problemas, los agrava, pues a corto plazo precipita las construcciones, y a medio plazo no logrará la reconversión de las plazas obsoletas, al limitarles la competencia y garantizarles con ello cierta rentabilidad.
5.- La moratoria perjudica de forma particular a los intereses de la isla de Gran Canaria, ya que la paraliza por segunda vez (la primera como consecuencia del Plan Insular de Ordenación Territorial).
6.- Canarias como destino turístico de primer orden, requiere, para que éste continúe siendo atractivo y competitivo, una inversión permanente que actualice y mejore nuestra oferta, adaptándola al máximo a las nuevas tendencias del sector.
7.- Rechazamos que la solución pase por modificar las reglas del juego de una economía libre de mercado, a través de una intervención pública primero y de una planificación política de las inversiones después.
8.- Desconfiamos de la experiencia y del conocimiento de la Administración Pública, tan sometida a los avatares políticos, para planificar el futuro turístico.
9.- Mejorar nuestra competitividad significa ampliar cada vez más la rentabilidad de nuestro destino turístico a base de una mejora de la calidad, tanto de nuestra oferta actual como de la futura que, sin duda, serán diversificadas, sin una innecesaria tutela política.
10.- Valoramos como positiva la aspiración a reflexionar y pactar sobre el mejor uso posible del territorio canario y en consecuencia proponemos:
a) No crear más legislación y con ello más burocracia, y que se cumplan las leyes, disposiciones y planes ya aprobados sobre Ordenación del Turismo, del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias.
b) Que el Gobierno autónomo renuncie a la tentación de obtener mas poder realizando en Canarias políticas económicas fracasadas, como es la de planificación pública de las inversiones productivas (en esta ocasión las turísticas).
e) Que el equilibrio presupuestario de las instituciones y organismos públicos se logre a través de una buena gestión y no del incremento continuado de la fiscalidad.
d) El desarrollo sostenible debe ser una filosofía no sólo aplicable al sector turístico, que es sin duda el más importante, sino también al resto de los sectores.
e) Que el futuro debe pasar por un gran pacto de calidad tanto en las construcciones turísticas y residenciales como en el entorno donde éstas se construyan, así como en las obras públicas: carreteras integradas en el paisaje, regeneración de barrios marginados, rehabilitación de los cascos históricos y de forma muy especial, las viviendas sociales, cuyo desarrollo, en cantidad y calidad, es imprescindible si se quiere detener las construcciones ilegales.
El Círculo de Empresarios de Gran Canaria no duda de la buena fe de quienes han iniciado este proceso de intervención y planificación política del sector turístico, pero sí lo rechaza, por ser una estrategia poco adecuada a la madurez y al desarrollo de la sociedad canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 2001.