LA MODERNIZACION DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN GRAN
CANARIA: UN ANALISIS
El
Circulo de Empresarios, en colaboración con los profesores Arturo y Santiago
Melián de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, presentan a la opinión
publica un análisis sobre como está afectando en el mundo empresarial, y por lo
tanto de la inversión, el atraso que tienen hoy en día las distintas
Administraciones Públicas que esta incidiendo en la competitividad de nuestra
economía, desde la importancia de los recursos que gestionan.
El actual momento económico requiere de
una puesta en marcha definitiva, de una serie de medidas que lleven a nuestras
administraciones a la toma de decisiones inmediatas, para evitar la tremenda
burocracia, la falta de transparencia, la demora en las licencias, el exceso de
regulación, y en general, la falta de atención de prestar un ágil y rápido
servicio no solamente a los empresarios, sino a los ciudadanos en general.
Existe un consenso generalizado que un sector público mal gestionado supone
una carga económica que resta recursos con un elevado coste de oportunidad.
La ineficacia e ineficiencia con la que
trabajan en ocasiones nuestras administraciones, ponen en duda ante la sociedad
el valor de lo publico y crean situaciones que frenan las iniciativas
empresariales, con negativas consecuencias para elementos tan vitales para
nuestra sociedad como la creación de empleo.
En Canarias en términos generales,
existe un factor en el que inciden los diferentes agentes económicos; la
necesidad de una regulación de calidad. Son frecuentes las quejas de muchos
empresarios acerca de la profusión de normas sobre un mismo tema, que conducen
a la confusión, hecho al que se une en ocasiones la falta de definición de cual
es, la administración competente en ciertas materias (Moratoria, Directrices,
Planes Insulares, Planes Territoriales, Planes Generales de Ordenación, Ley de
Turismo, Ley del Territorio, etc.
Tanto la OCDE, como la Unión Europea, insisten
en que antes de introducir una nueva norma es preciso que las autoridades
publicas evalúen si es necesaria su introducción, si la norma tiene
proporcionalidad, es decir, el justo equilibrio entre las ventajas que ofrece y
las limitaciones que impone, debe velarse por el equilibrio entre la carga que
supone a los administrados y el objetivo o beneficio publico perseguido con la
norma. Deben prevalecer los principios de subsidiaridad, transparencia,
responsabilidad, accesibilidad y simplicidad.
Como consecuencia de lo dicho
anteriormente, se pueden ir extrayendo ya una serie de conclusiones, la primera
de ellas, que no se ha abordado en las administraciones la planificación
estratégica de la organización por lo que los diferentes servicios y unidades,
no cuentan con objetivos formales, ni se llevan a cabo procesos periódicos de
revisión o rendición de cuentas. También es verdad, que hemos detectado que algún servicio que otro, adopta esta
fórmula de trabajo, pero de una manera aislada.
Otra de las conclusiones
importantes es que, en general, el
sector publico se caracteriza por practicar una dirección de recursos humanos
que solo contempla el aspecto administrativo y de normativas laborales, solo
recordar que la reciente aprobación del Estatuto Básico del Empleado Publico en
el mes de abril del 2007, establece la obligatoriedad de evaluar el rendimiento
de los trabajadores y que ello tenga repercusiones salariales.
La puesta al día de los sistemas
informáticos u de sus aplicaciones nos llevan a la deficiencia en la gestión de
la tecnología quedando mucho que resolver en la comunicación entre las
diferentes dependencias, servicios o edificios, acceso a Internet y correo
electrónico.
Y por ultimo, destacar la negativa
valoración que hacen las empresas sobre la normativa elaborada por las
administraciones en cuanto a claridad y la coordinación, así como, la
calificación generalizada de lentitud y
excesiva burocracia, y de no prestar mayoritariamente sus servicios
de forma on line. También y en opinión de los empresarios, hay un alto grado de
acuerdo en que la modernización de las administraciones públicas. Es un proceso
que hay que afrontar con urgencia. La mayoría de las empresas concluyen en que
las medidas más urgentes pasan por la simplificación de los procedimientos
administrativos y de la normativa, el mayor uso de las nuevas tecnologías,
mayor rapidez en la prestación de los servicios y una mayor coordinación de las
distintas administraciones y dentro de una misma administración.
Esperamos que este estudio que
aportamos a la sociedad sirva no solamente de reflexión sino de ejecución de
las decisiones políticas que hay que tomar para que en momento tan delicado
desde el punto de vista económico nuestras empresas hagan lo que tienen que hacer,
que es crear riqueza y puestos de trabajo pero con una administración moderna y
eficaz que ayude a esos objetivos.
Leer documento editado