| ||||||||||||||
|
Documentos
 Año 1995
  ASAMBLEA GENERAL 4 DE JUNIO DE 1995. LLAMAMIENTO Ante el inicio de la nueva legislatura autonómica, insular y municipal, el Círculo de Empresarios de Gran Canaria desea hacer una reflexión pública sobre sus expectativas en torno al futuro inmediato de Canarias. Este Círculo de Empresarios es como se sabe, un grupo de opinión empresarial, cuyo objetivo radica en ayudar a la optimización del progreso económico y social de Canarias en el marco de la Libre Empresa y de la Economía de Mercado. El Círculo esta compuesto actualmente por los siguientes miembros:
Como Círculo ofrecemos nuestra más sincera colaboración con todas las Administraciones, exponiéndoles a continuación nuestro parecer sobre las grandes orientaciones que, desde la empresa, se demandan en estos momentos. Las siguientes reflexiones, por tanto, no son más que el reflejo de lo que entendemos deben ser las grandes líneas de trabajo que pueden inspirar una acción de globierno en los próximos años. 1º El Escenario de la legislatura a medio plazo No hay certidumbre estadística respecto al alcance y duración de la actual fase de expansión económica iniciada por la economía canaria en 1993 y mantenida durante 1994, en forma incluso superior a la prevista. La experiencia nos demuestra, como es de esperar en un mundo cada vez más interdependiente y para una economía de por sí pequeña y abierta como la canaria, que la evolución económica de nuestra región se ajusta, cada vez más y en mayor medida, al ciclo económico internacional. Nadie duda que el impulso experimentado por la economía canaria en estos dos últimos años se ha debido, fundamentalmente, a una favorable coyuntura turística marcada, en gran medida, por tres factores: la devaluación de la peseta, la caída de mercados competidores y el mayor crecimiento económico vivido por los países europeos, que son en su conjunto los grandes emisores de turismo hacia Canarias. La mayoría de los analistas internacionales, con las lógicas reservas, coinciden en que se prolongará en el medio plazo la actual fase de crecimiento de la economía mundial y europea en particular, dando así una oportunidad a Canarias de continuar en la actual senda de expansión económica. Las nuevas Administraciones surgidas de las recientes elecciones locales y autonómicas deberían aprovechar esta circunstancia para apuntalar la recuperación y hacerla, en consecuencia, más durable, centrando la política económica en las grandes reformas estructurales pendientes, es decir, poniendo en marcha acciones que permitan corregir las inflación y los excesos financieros, eliminar los déficit presupuestarios y mejora en conjunto la eficiencia de nuestros mercados. Esto propiciaría la creación de un entorno favorable para el crecimiento, la inversión y el empleo. Nuestros Ayuntamientos, Cabildos y el Gobierno Autónomo, por tanto, tienen un importante papel que desempeñar en este contexto y en el espacio de una economía como la canaria, especialmente capacitada para el turismo, motor de crecimiento y factor de progreso cultural y social. El turismo sector predominante de la economía canaria representa nuestra más segura apuesta de futuro, teniendo, en consecuencia, que diseñarse las política económicas que nos permitan explotar al máximo los recursos y habilidades de que disponemos para competir con éxito en el marco de una economía global. Desde la perspectiva del turismo estimamos perentoria, en consecuencia, la necesidad de abordar con profundidad el análisis de todos los factores que inciden por el momento en la evolución de los precios en Canarias y que amenazan seriamente con dañar la competitividad del conjunto de nuestra economía. 2º Lo que se espera de la nueva etapa política. Los ejes fundamentales de la nueva acción de gobierno deberían ordenarse en torno a dos principios fundamentales: mayor rigor en la política presupuestaria y fomento de la competencia en el conjunto de las actividades económicas. A) Una política presupuestaria rigurosa. La contención del gasto público y la mejora de su calidad es condición fundamental para facilitar la formación de un entorno favorable a la empresa. La reducción del déficit no debería, sin embargo, afectar a los procesos de inversión pública en infraestructuras físicas (transportes, comunicaciones, etc.) y humanas (educación, sanidad y medio ambiente, fundamentalmente). El rigor en la política presupuestaria supone, por consiguiente, esfuerzos en el control del gasto corriente; algo que se podría plasmar, al menos en un año, estableciendo presupuestos con crecimiento cero. Esperamos, por tanto, que los próximos Presupuestos sean herramientas eficaces al servicio del desarrollo económico y social de nuestra Comunidad. Un mayor bienestar y una mejor calidad de vida exige unos presupuestos rigurosos, diseñados con una visión amplia e interrelacionada de la política social. El desarrollo del bienestar social y de la calidad de vida no debe ser observando aisladamente cada uno de sus componentes, sino más bien contemplado un equilibrio de acciones encaminadas a erradicar el conjunto de factores que los impiden (drogodepencia, marginación social, minusvalías, pobreza, desatención al menor, etc). B) El fomento de la competencia. Cabe introducir medidas de presión liberalizadoras ens ectores fuertemente intervenidos, como el del transporte, o en unos mercados tan importantes como el del suelo, favoreciendo la construcción y el abaratamiento de la vivienda. Junto a ello, cabría también plantear medidas que reduzcan la complejidad administrativa y otras que faciliten la desregulación de actividades económicas protegidas. A todo ello cabe añadir la supresión de ayudas públicas a sectores no competitivos, sustituyendo las subvenciones a fondo perdido por incentivos fiscales directos. Por otra parte, la licitación pública debería aumentar su transparencia, para facilitar en mayor medida el acceso de las PYMES a los procesos de contratación de obras y servicios. 3º El marco institucional de la legislatura. A) La reforma del Estatuto de Autonomía. El desarrollo económico propuesto no se podría alcanzar si no logramos un marco institucional adecuado. Aumentar la credibilidad de nuestras Instituciones políticas y procurar un clima de estabilidad, que permita a los gobiernos aplicarse con rigor a las tareas pendientes, son condiciones necesarias para conducir con éxito la política económica en el próximo cuatrienio. La reforma del Estatuto de Autonomía, pendiente de aprobación en estos momentos, debería consolidar tales elementos con el fin de mejorar la confianza de los ciudadanos, y de los inversores en particular. B) Las relaciones con la Comunidad Europea. Nuestro marco institucional está vinculado al juego de las relaciones de Canarias con la Unión Europea. La revisión del POSEICAN y del Tratado de Maastrich, por consiguiente, son cuestiones que afectan especialmente al estatus de Canarias en la Unión Europea. La revisión del POSEICAN deberá producirse a través de la definición de un estatus distinto al del resto de las llamadas regiones ultraperiféricas, contemplado a Canarias como lo que es: una región fragmentada, con una densidad demográfica muy alta, condicionada por su situación geográfica y con una tradición del libre comercio que precisa de soluciones especiales y adecuadas a sus circunstancias. Las características dinámicas de nuestras Islas requieren que, en el futuro, los problemas latentes en materia de pesca, de agricultura, política industrial, etc, merzcan un tratamiento singular, dadas las radicales diferenciaciones de Canarias con respecto al Continente Europeo y al supresión de la libertad comercial. C) El desarrollo del REF. La nueva legislatura deberá culminar la reforma iniciada en la anterior etapa del régimen económico y fiscal de Canarias. Resolver los problemas e incompatibilidades del nuevo REF con el Derecho comunitario exigirá previsiblemente, determinadas adaptaciones de esa norma, dando así la oportunidad de introducir aquellas modificaciones no admitidas en su momento y necesarias, sin duda, para la proyección de Canarias como zona especial en la Comunidad. De esta manera, sería necesario contar con un REF muy mejorado que, entre otras cosas, contribuya a impulsar los procesos inversión en activos inmateriales y a favorecer la internacionalización de la empresa canaria. El desarrollo reglamentario del nuevo REF deberá limitar las limitaciones impuestas en la nueva Ley vigente, ahora cuestionada por la Unión Europea, y facilitar los procesos de inversión para lograr plenamente nuestro desarrollo económico y social. La actual norma REF no colma las aspiraciones de Canarias, y ello obliga a permanecer en una situación de constante reivindicación. D) Un mayor saneamiento de las cuentas públicas y una más adecuada financiación autonómica y local. En el marco de toda esa negociación habrá de incluirse la relativa a la nueva financiación autonómica a diseñar en torno a los principios de corresponsabilida y suficiencia. Conforme a ello, y para cubir las necesidades de nuestras administraciones públicas, se ha recurrido hasta ahora a incementar la presión fiscal en nuestra Comunidad Autónoma. El crecimiento de los ingresos a lo largo de los últimos años ha estado muy por encima del crecimiento nominal del PIB, centrándose fundamentalmente en la imposición indirecta a través de figuras tales como el IGIC; el APIC, el Impuesto Especial sobre Carburantes, el Impuesto de Matriculación, el de Trasmisiones Patrimoniales, etc. La reforma fiscal ha incidido de manera importante en las empresas, que han soportado considerablemente la presión de la misma, sometiéndose además al aumento de formalidades administrativas con evidentes complicaciones añadidas en sus costos y en su labor de gestión. Es evidenente, por tanto, que en los próximos años los procedimientos y los ingresos fiscales deberán atemperarse para evitar los procesos inflacionistas latentes en nuestra Comunidad. Al Estado corresponde dar respuesta a las necesidades de nuestras Administraciones Públicas, garantizando, en el caso por ejemplo del descreste del APIC, la participación de nuestros Ayuntamientos en sus ingresos, equiparándolos con el resto del los municipios nacionales y en el marco de una nueva financiación local. Ese esfuerzo solidario del Estado debe verse reflejado en la política de gastos de nuestra administración, evitando el déficit y el crecimiento de los niveles de endeudamiento, que sólo contribuyen a detraer recursos de la inversión privada y a frenar, en consecuencia, las expectativas de inversión y creación de empleo. E) Una definitiva reforma administrativa. En el contexto de una economía global, no sólo es fundamental el ajuste de las empresas y la mejora de su competividad, sino, con igual importancia, que nuestras Administraciones aprendan a competir en eficacia. Precisamos, pues, de una gestión pública sobria y eficaz, como mejor calidad y en constante superación. El control del gasto público en el conjunto de nuestras Administraciones exige esfuerzos y racionalidad, evitando duplicidad de tareas y descoordinación. Desde esta perspectiva este Círculo de Empresarios considera como tareas prioritarias las siguientes:
4º La colaboración de los agentes económicos y sociales. Para todos estos fines sería necesario contar con la máxima colaboración de los agentes económicos y sociales de la Región, por lo que desde aquí hacemos un llamamiento a las fuerzas sociales y al conjunto del empresariado para que asuman con entusiasmo los retos que se nos imponen en una economía cada vez más liberalizada y, en consecuencia, más competitiva. En ese sentido,se hace necesario la modernización del marco legal que regula las relaciones laborales, para fomentar decididamente el progreso económico y social. 5º Llamada a la unidad regional. Nuestro Archipiélago viene sufriendo cada vez más el deterioro del insularismo mal entendido. Las islas menores no han sido asistidas como las mayores, y éstas pugnan entre sí por alcanzar un predominio que ha pasado de la sana competencia al continuo enfrentamiento. Cada isla tiene su propia idiosincrancia, pero todas en su conjunto se funden en la esencia común de la "canariedad". La "canariedad" no puede ser disgregadora, ni debe entorpecer el progreso que ha de proporcionar un aprovechamiento justo y solidario de los recursos de que se dispone, administrados en gran parte, y por primer vez, por nosotros mismos. Debemos ser capaces de priorizar las necesidades esenciales para que la separación geográfica sólo sea el signo de nuestra rica variedad. La unidad regional está reñida con los oportunismos de ocasión que nos distancian. La objetividad y la ponderación bien entendidas deben ser soluciones equitativas para todos, y, desde tales logros, será lícita la superación para que cada Isla pugne por su propia grandeza. Hacemos en consecuencia un llamamiento, desde la responsabilidad de todos, al esfuerzo por superar las suspicacias, las críticas innecesarias y los enfrentamientos que nos perjudican, en aras a conseguir el mejor entendimiento para consolidar la unidad regional. Gran Canaria, 4 de junio de 1995. |
||||||||||||||
