ASAMBLEA GENERAL 6 DE JUNIO DE 1997. MANIFIESTO

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria quiere expresar en este manifiesto su satisfacción por el buen momento que viven las economías canaria, nacional, europea y mundial y que entendemos fruto en su conjunto de los procesos de ajuste, apertura y liberalización que se siguen cada vez más en una mayor parte de países.

Sin embargo, el reconocimiento de esta realidad no nos puede hacer perder de vista los problemas y dificultades que aún persisten en el seno de nuestras economías; por culpa, las más de las veces, de unos Poderes Públicos que distorsionan permanentemente los mercados y de unos Gobiernos, sea cual fuere su nivel, que abusan de su poder de intervención poniendo en peligro las bases de un crecimiento duradero y suficiente para luchar contra la pobreza.

Frecuentemente, por tanto, son determinados políticos los que en vez de contribuir a nuestro bienestar y prosperidad se han convertido en verdaderas amenazas del desarrollo, por su propia incapacidad para acomodarse a la evolución de los tiempos.


APOSTAR POR EL TURISMO Y RENTABILIZAR SUS EXCEDENTES.

La globalización de la economía supone cambios extraordinarios para nuestra sociedad. En el mundo económico actual se rompen fronteras, se desregula el comercio, se cultiva la competencia, la especialización y la cooperación.

La revolución de las nuevas tecnologías y la transformación de los hábitos y costumbres nos enseñan que debemos cambiar por completo nuestras tradicionales políticas económicas y sociales. Creemos que a este respecto no caben, por tanto, reparos para retrasar los ajustes que se estiman necesarios, por muy dolorosos que sean; pues, cuanto más tardemos en darnos cuenta de ello, más duros serán al final los esfuerzos a realizar.

Hay que aprovechar, en consecuencia, los excedentes del momento para crear riqueza, abrir cauces a la inversión y generar nuevas iniciativas productivas acordes con los tiempos y la necesidad de empleo. Los frutos del crecimiento económico no están para ser malgastados por las Administraciones Públicas de forma indiscriminada restándolos de la economía productiva.

El turismo es, en tal sentido, nuestra mejor apuesta de futuro, por lo que debemos evitar que su crecimiento sea volátil y sin reflejo real para nuestra tierra y sus gentes. Es preciso que de una vez por todas nos comprometamos en su desarrollo y diversificación convirtiéndonos en protagonistas y artífices del mismo, eliminando todas esas barreras y trabas injustificadas que dañan su competitividad y añaden costes y dificultades a la actividad de sus empresas.


LA INTERVENCIÓN PÚBLICA, UN ERROR BIEN CALCULADO.

Como empresarios nos negamos a caer en el error de aquellos que, llevados por su propia ambición e interés político, han querido hacer creer que son los Poderes Públicos, y no el trabajo y el esfuerzo de individuos y empresas, los que contribuyen a cimentar las bases del bienestar colectivo. Nuestra responsabilidad como empresarios nos obliga a dar un toque de atención para reclamar de esta manera un cambio de rumbo y poder enfrentarnos con éxito a los retos del futuro. Porque no es posible seguir desvirtuando el papel de los mercados de una manera interesada y absurda e indiscriminadamente, tal y como viene sucediendo en Canarias, haciendo clientelismo del proteccionismo y la subvención.

En una economía de mercado, los Poderes Públicos sólo están legitimados para actuar en defensa de una sana y leal competencia y no, como viene siendo habitual en Canarias, para ir contra ella fomentando precisamente lo contrario. Porque para ello hemos apostando, entre otras cosas, por la integración europea y por todo cuanto significa eliminar trabas y barreras al comercio o al desarrollo de las empresas.

Entendemos que la Unión Europea está para garantizar el desarrollo de una sana y leal competencia en el conjunto del territorio comunitario, haciendo posible el derecho de todas las empresas a acceder al mercado en igualdad de condiciones. Valoramos, en tal sentido, el actual proceso de unión monetaria y el interés por evitar así que los mercados pueden verse falseados por los tipos de cambio.

Pero en esta línea, y desde la propia perspectiva de la competencia, consideramos incuestionable la figura del REF y preciso el referente de Estatuto Permanente para la derogación y adaptación del Derecho comunitario aplicable en las Islas; pues entendemos que por sus principios no son más que instrumentos, adaptables permanentemente en el tiempo, llamados a satisfacer necesidades de consumidores y usuarios, corrigiendo todas esas distorsiones suplementarias a la misma competencia que se derivan de las particulares condiciones de lejanía e insularidad en la que se desenvuelve el desarrollo económico canario.

Lamentamos, en tal sentido, las dificultades que vive actualmente Canarias ante el proceso de integración y armonización comunitaria; pensando que, en todo caso, éstas surgen de la improvisación y son responsabilidad de unas Instituciones Públicas que se muestran débiles a la hora de hacer frente a las presiones políticas y torpes cuando se trata de dar respuesta adecuada a nuestras necesidades económicas y sociales.

Es deber de los políticos, asumir y permitir que las empresas sean cada vez más eficientes y reduzcan costes, coadyuvando para que los mercados - ya sean de trabajo, capital, bienes o servicios- puedan ser mucho más flexibles, competitivos y abiertos; así como acabar con toda practica restrictiva de la competencia y eliminar cuantas barreras se opongan al desarrollo de las empresas, persiguiendo, en definitiva, el dumping, los acuerdos de precios, los abusos de posición dominante y cualquier práctica desleal y excluyente de rivales en el mercado.

En Canarias, desgraciadamente, parece que caminamos en dirección contraria con unas Administraciones Públicas que pierden fácilmente el sentido de su función ante empresas a las que deben regular, protegiendo rentas monopolísticas y situaciones de ineficiencia, mediocridad y falta de iniciativa y capacidad.

Si alguien duda de ello no tiene más que acudir a ver los ejemplos que ofrecen muchas de nuestras empresas públicas o estudiar el caso simple que representa la conocida historia de la Ley de Comercio. Una Ley nacida con la justificación de proteger la competencia y defender a la pequeña y mediana empresa que, en el tiempo, ha terminado por favorecer todo lo contrario, en detrimento, precisamente, de consumidores y usuarios.

Ahora incluso se habla de crear una televisión autonómica -aduciendo que los canarios no están bien informados- o se propone la creación de nuevas empresas como una compañía aérea, advirtiéndose claras maniobras por parte del Gobierno para frenar la propia liberalización de un sector tal como el del transporte, y al hilo de lo que impone la propia normativa comunitaria. A nuestros gobernantes habrá que preguntarles, por tanto, cómo evalúan todas estas medidas y cuáles son los impactos que causan.

Porque lo que se practica en Canarias es el uso y el abuso del arma intervencionista con un afán exclusivo: disponer de más votos y poder, de más dinero a manejar, de más personas a las que colocar, de más empresas a las que situar bajo el manto de la protección, haciendo de las Administraciones Públicas unos entes proteccionistas, intervencionistas y subvencionadores que ponen barreras a la evolución y restan, cada vez más, mayores recursos a la economía, reduciendo la capacidad de ésta para crear empleo.

Esta forma de hacer tiene evidentes responsables. La razón de aferrarse al intervencionismo es, por consiguiente, un error bien calculado que ofrece posibilidades para el juego del clientelismo, la utilización de empleos y cargos, o mejor, para dificultar especialmente el control de la mala administración del dinero público.

Gran Canaria, 6 de junio de 1997