MANIFIESTO DEL CIRCULO DE EMPRESARIOS DE GRAN CANARIA

El Circulo de Empresarios de Gran Canaria, ante el gran riesgo que para la economía de las Islas representan la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias sobre la moratoria turística y el anunciado proyecto de Ley de Desarrollo Sostenible, quiere expresar su postura en los siguientes términos:

1. El turismo de sol y playa, que tan negativamente es valorado en la campaña oficial y “oficiosa’ del Gobierno de Canarias, ha sido y es el motor de nuestra economía, principal base de la riqueza y bienestar que hoy disfruta el Archipiélago Canario.
   
   
2. Es una grave irresponsabilidad crear estados de opinión que puedan originar actitudes negativas hacia nuestros visitantes turísticos “de sol y playa”.
   
   
3. Es injusto acusar a las construcciones turísticas de los aspectos negativos de la situación actual, olvidando el grave deterioro del paisaje que producen principalmente las cuantiosas construcciones ilegales y la falta de control de las mismas por parte de la Administración (véase el entorno de muchas construcciones turísticas de calidad).
   
   
4. La moratoria tiene efectos perversos que, lejos de resolver los problemas, los agrava, pues a corto plazo precipita las construcciones, y a medio plazo no logrará la reconversión de las plazas obsoletas, al limitarles la competencia y garantizarles con ello cierta rentabilidad.
   
   
5. La moratoria perjudica de forma particular a los intereses de la isla de Gran Canaria, ya que la paraliza por segunda vez (la primera como consecuencia del Plan Insular de Ordenación Territorial).
   
   
6. Canarias como destino turístico de primer orden, requiere, para que éste continúe siendo atractivo y competitivo, una inversión permanente que actualice y mejore nuestra oferta, adaptándola al máximo a las nuevas tendencias del sector.
   
   
7. Rechazamos que la solución pase por modificar las reglas del juego de una economía libre de mercado, a través de una intervención pública primero y de una planificación política de las inversiones después.
   
   
8. Desconfiamos de la experiencia y del conocimiento de la Administración Pública, tan sometida a los avatares políticos, para planificar el futuro turístico.
   
   
9. Mejorar nuestra competitividad significa ampliar cada vez más la rentabilidad de nuestro destino turístico a base de una mejora de la calidad, tanto de nuestra oferta actual como de la futura que, sin duda, serán diversificadas, sin una innecesaria tutela política.
   
   
10. Valoramos como positiva la aspiración a reflexionar y pactar sobre el mejor uso posible del territorio canario y en consecuencia proponemos:
    
    
    • No crear más legislación y con ello más burocracia, y que se cumplan las leyes, disposiciones y planes ya aprobados sobre Ordenación del Turismo, del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias.
    • Que el Gobierno autónomo renuncie a la tentación de obtener mas poder realizando en Canarias políticas económicas fracasadas, como es la de planificación pública de las inversiones productivas (en esta ocasión las turísticas).
    • Que el equilibrio presupuestario de las instituciones y organismos públicos se logre a través de una buena gestión y no del incremento continuado de la fiscalidad.
    • El desarrollo sostenible debe ser una filosofía no sólo aplicable al sector turístico, que es sin duda el más importante, sino también al resto de los sectores.
    • Que el futuro debe pasar por un gran pacto de calidad tanto en las construcciones turísticas y residenciales como en el entorno donde éstas se construyan, así como en las obras públicas: carreteras integradas en el paisaje, regeneración de barrios marginados, rehabilitación de los cascos históricos y de forma muy especial, las viviendas sociales, cuyo desarrollo, en cantidad y calidad, es imprescindible si se quiere detener las construcciones ilegales.

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria no duda de la buena fe de quienes han iniciado este proceso de intervención y planificación política del sector turístico, pero sí lo rechaza, por ser una estrategia poco adecuada a la madurez y al desarrollo de la sociedad canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, 3 de abril de 2001