DECLARACIÓN FINAL. Asamblea General Noviembre 2008

Después de dedicar mucho tiempo al diagnóstico sobre la situación económica en la que nos encontramos y las causas que nos han llevado a ella no podemos perder ni un minuto más, debemos dedicarnos ya a lo realmente importante, la toma de decisiones.

Canarias forma parte de un mundo globalizado, pero eso no significa que los problemas y las soluciones no sean responsabilidad nuestra. En los próximos meses vamos a ver de forma clara como la recesión económica va a afectar de forma desigual a las diferentes comunidades autónomas españolas y a los países de las diferentes áreas geográficas del planeta en función de las actuaciones de los sectores público y privado. Además de asumir la parte de responsabilidad que nos corresponde a cada uno, estamos en la obligación de proponer soluciones y exigir que se ejecuten de forma eficaz.

Las administraciones públicas van a tener una oportunidad histórica para iniciar de manera clara y decidida su modernización. Nuestra administración pública ha sido definida de manera rígida, siendo muy difícil, prácticamente imposible, variar su tamaño para adaptarla a las necesidades de cada momento, convirtiéndose en un pesado lastre para individuos y empresas que deben sostenerla de forma global sin que se corrija su ineficiencia en beneficio y garantía de los servicios básicos que debemos recibir los ciudadanos. La modernización de la administración pública debe incorporar mecanismos de valoración objetiva de sus actuaciones que sirvan para corregir, disminuir o aumentar sus estructuras cuando sea necesario. La descentralización ha causado un incremento del peso de la Administración que debe ser corregido.

Creemos que es un buen momento para abordar los problemas de inseguridad jurídica que representa la excesiva burocratización a la que se ve sometida el conjunto de la actividad empresarial con la consiguiente pérdida de inversiones que, por cierto, ya hemos padecido en los últimos años. Es necesaria la simplificación de los procedimientos administrativos y evitar la duplicidad normativa que actúa como una doble barrera. Es necesario que regulación y seguridad jurídica puedan ir de la mano para evitar discrecionalidad en la interpretación de la norma que haga la administración en cada momento a través de sus técnicos o políticos, o incluso a través del poder judicial. No es posible el desarrollo económico sin un correcto funcionamiento de la administración de justicia, a la que se le debe apoyar con los medios necesarios y con una regulación legislativa clara.

Los partidos políticos deben reflexionar sobre el papel institucional que les corresponde y sobre la responsabilidad social que debe presidir sus actuaciones. Hace más de cincuenta años que no se vive una situación tan crítica como la presente, el momento exige superar toda clase de discrepancias políticas para alcanzar consensos sobre una base común que todos debemos compartir aplicando políticas de Estado. Es una grave irresponsabilidad, y más en estos momentos, no fomentar políticas de consenso y utilizar las instituciones públicas o privadas para fines partidistas que nada tienen que ver con el interés general. El respeto institucional y de las mayorías que gobiernan cada institución es la mejor garantía para que el servicio que prestan las administraciones públicas genere ilusión, confianza, y el clima necesario para recuperar la senda de crecimiento y desarrollo económico.

Las formaciones políticas deben asumir que es el momento de aplazar aquellos posicionamientos que comprometan o retrasen la aprobación de presupuestos públicos orientados al aumento de la inversión pública y a la restricción del gasto corriente. Las administraciones canarias deben ser un ejemplo de austeridad ajustando sus estructuras a la nueva realidad sin comprometer la calidad y efectividad de los servicios públicos esenciales.

No es el momento de la búsqueda del voto mediante herramientas diferenciadoras de marketing, cortoplacistas y vacías de contenido, ahora toca trabajar pensando en el medio y largo plazo en aquellos asuntos que de verdad interesan y afectan a los ciudadanos.

Los Ayuntamientos, administración más cercana a los administrados, deben recibir el máximo apoyo y la tutela necesaria para poder seguir prestando sus servicios. Mediante una política de amplio consenso se debe retirar las competencias a aquellas corporaciones locales que no sean capaces de asumir el papel institucional que les corresponde para que los servicios básicos a los ciudadanos no se vean afectados.

Vivimos en un entorno económico de economía de mercado en el que la función de la libre empresa es ser el pilar del progreso económico y social, al servicio del bien común y en beneficio de quienes en la empresa trabajan, de los inversores, de los proveedores, de los clientes y de los consumidores. En estos momentos es importante reivindicar la imagen del empresario como creador de riqueza y generador de progreso y las ventajas de un sistema económico que ha demostrado durante muchas décadas ser el más eficiente, especialmente frente a otras opciones que jamás aportaron a la sociedad las cotas de bienestar social que afortunadamente se han consolidado en nuestro entorno económico.

No es posible la libertad de empresa sin una regulación que la articule, no debemos confundir libertad con anarquía, con ausencia de regulación. Queremos dejar clara nuestra repulsa por cualquier comportamiento éticamente reprobable como los llevados a cabo por responsables de entidades financieras de algunos países. Nuestra forma de entender la figura del empresario no permite que sea reconocido como tal aquél que no actúe en todo momento con criterios de responsabilidad social.

Confiamos en el sistema financiero español, uno de los más sólidos del mundo. Bancos y cajas deben hacer un esfuerzo por mantener y consolidar los proyectos e ilusiones de empresarios y particulares, colaborando de forma activa en la elaboración de planes de viabilidad fundamentados en la nueva realidad económica.

Consideramos necesario trasladar a la sociedad la importancia de valores como la ética, el esfuerzo, el mérito, la responsabilidad, el respeto o la solidaridad, de la misma manera que, en defensa del bien común, debemos hacer todos un esfuerzo para reforzar la sociedad civil como garantía de la existencia de un contrapeso que sea capaz de reconocer y denunciar de forma automática comportamientos tan deplorables como la corrupción, el absentismo laboral o la falta de responsabilidad social.

Vamos a vivir un importantísimo reajuste económico en el que es necesario que empresas y administraciones públicas adquieran un tamaño que les permita ser eficientes. Debemos actuar de forma rápida, anticipándonos a situaciones futuras, podando el árbol de cada uno para que no tenga más volumen que el que sus raíces puedan aguantar durante el temporal que estamos viviendo, para ser capaces de salir de forma anticipada y reforzada del ciclo que vivimos, preparando además nuestros cimientos para soportar una nueva etapa de crecimiento ordenado que nos permita seguir la senda de desarrollo económico que iniciamos en los años sesenta y que nos ha posibilitado incrementar de forma exponencial las prestaciones sociales, sanitarias y de formación que recibe nuestra población