Declaración Institucional de Enero de 2009

Hace menos de tres meses manifestamos nuestra enorme preocupación por la situación económica en la que nos encontrábamos. Describimos con crudeza la realidad económica en un momento en el que todavía algunos preferían mirar a otro lado retrasando de forma irresponsable la urgente toma de decisiones que en ese mismo documento reclamábamos.

En estos momentos nadie es capaz de negar la grave situación que atravesamos, y que algunos expertos no dudan en calificar de “emergencia nacional”, pero desgraciadamente vemos que muchas actitudes, como más adelante analizaremos, demuestran que pocos han comprendido esta difícil realidad a la que debemos enfrentarnos.

El reciente discurso de investidura del nuevo Presidente Americano ha dado toda una lección de unidad en la acción, búsqueda de consenso, reconocimiento de la realidad y autocrítica, a la vez que transmite un claro mensaje de optimismo respecto a la superación de la crisis mediante frases como: “… hoy venimos a proclamar el fin de las disputas mezquinas y de las falsas promesas… ha llegado la hora de dejar a un lado las cosas infantiles… el estado de la economía exige actuar con audacia y rapidez, y vamos a actuar…”

No inventamos nada nuevo, simplemente llamamos a la cordura general, para que, desde la responsabilidad de cada uno, se dediquen todos los esfuerzos a la búsqueda de la prosperidad, del desarrollo económico, sin gastar energías en cuestiones no prioritarias o de intereses particulares y cortoplacistas. La sociedad debe percibir de forma inmediata mensajes de confianza, de ilusión basada en el esfuerzo, de que se afronta la realidad, que se marca el camino que vamos a seguir y que se toman.

Insistimos en la necesidad prioritaria de que se modernicen nuestras administraciones públicas y en la oportunidad histórica que se nos presenta para ello y que no debemos dejar pasar. Debemos reflexionar sobre nuestra reducida dimensión y el gran tamaño y complejidad de la estructura que nos administra. Vemos como de forma continua se solapan ámbitos de la administración y se producen invasiones en competencias ajenas. El poder ejecutivo, administrado por los partidos políticos, lleva décadas propiciando un crecimiento irracional que provoca no solo una gran ineficiencia, sino que por su propia dinámica intenta controlar instituciones tan importantes como el poder judicial y sus herramientas de actuación, asociaciones empresariales y sindicales, o a la tan importante sociedad civil.

En este contexto contemplamos como las asociaciones de jueces declaran que la judicatura recibe constantes interferencias y presiones del Gobierno, o cómo se producen casos en los que la fiscalía y la policía ponen en marcha espectaculares iniciativas que acaban siendo archivadas por los jueces sin que exista al menos una reflexión al respecto. Nosotros no debemos valorar si estas actuaciones se han hecho bajo el escrupuloso cumplimiento de la ley y los derechos constitucionales que nos amparan a todos, pero sí debemos exigir que las ineficiencias o las equivocaciones tengan como mínimo una respuesta clara de disculpa y de establecer mecanismos correctores que exijan responsabilidades frente a reacciones de prepotencia, amparada en el amplio poder del que disponen, para seguir con sus convicciones o intereses trasladando a los medios de comunicación la información que permita una condena pública previamente negada por la justicia.

Los medios de comunicación cumplen el importante deber de trasladar a la sociedad la información que se produce cada día, siendo su papel fundamental y de máxima importancia en una sociedad libre como la que deseamos. La capacidad de generar estados de opinión que lleva aparejada su labor nos aconseja pedirles que desde su incuestionable independencia colaboren a que se generen las condiciones necesarias para fomentar el consenso entre instituciones.

Vivimos en un reproche permanente entre administradores públicos, en un “tú más que yo”, en continuas cortinas de humo que tratan de desviar a la opinión pública del seguimiento de las responsabilidades. En esto consiste en buena medida la ineficiencia de un sistema que no permite que la situación cambie. Si los más altos responsables políticos no son capaces de ponerse de acuerdo en algo que debería ser tan elemental como quién es el responsable de los baches en viales de Las Palmas de Gran Canaria, cómo podemos esperar que sea posible que se adopten acuerdos sobre asuntos mucho más complejos como la política económica…

La bonanza económica que hemos vivido ha tolerado tanto el desmesurado crecimiento de las Administraciones Públicas como la ineficiencia de sus administradores, pero el cambio de escenario económico evidencia de forma clara las perversiones del sistema.

Ya podemos ver como las negativas cifras macroeconómicas se hacen realidad en las personas y empresas de nuestro entorno. Las cifras de parados, de familias sin subsidio, del desempleo juvenil, o de empresas en situación concursal, son dramáticas. Nos enfrentamos a una situación tan grave en lo económico y lo social que nos obliga a exigir una respuesta a la medida del momento que vivimos para enfrentarnos a las peores cifras y previsiones en cuanto a caída de la producción, desempleo, déficit público, y niveles de confianza externa e interna en nuestras instituciones.

Los gobiernos de cada institución deben liderar y administrar políticas de unidad y consenso efectivas como hizo Adolfo Suárez en 1977 al promover los “Pactos de la Moncloa”, correspondiendo a las fuerzas de oposición sumarse de forma responsable a esos esfuerzos o hacer una razonable oposición que fiscalice las medidas que se adopten, pero en ningún caso es el momento de discusiones estériles e irresponsables cuyo único fin es intentar modificar intenciones de voto de una forma burda que menosprecia la capacidad de los ciudadanos.

Para Canarias reclamamos, dentro de esas deseables políticas de unidad, que el gasto público se canalice hacia inversiones eficientes que no se concentren solo en generar empleo a corto plazo sino que permitan una modernización de nuestras administraciones, fomenten y mejoren nuestra actividad productiva, y permitan el desarrollo de nuestras infraestructuras, especialmente en el Turismo, principal actividad económica de nuestra tierra, generadora de renta y desarrollo económico.

No podemos culpar a la actual situación económica de la falta de atractivo inversor de nuestro archipiélago, son la inseguridad jurídica y trabas creadas durante años, en los que se ha considerado la actividad económica como un mal necesario, los principales causantes de la paralización de proyectos que son vitales para una región con un 21.18% de su población en situación de desempleo.

Mientras preparamos los factores productivos para una necesaria diversificación de nuestro tejido empresarial, volquémonos en el Turismo haciendo una clara apuesta por nuestro principal motor económico, un sector que ha transformado Canarias en los últimos cuarenta años, permitiendo un espectacular desarrollo económico que no podemos olvidar. En Turismo hemos sido líderes mundiales gracias a empresarios emprendedores que han sabido ser competitivos y creativos en un entorno muy complejo, pero para mantener nuestra posición es necesario que se lleven a cabo de forma inmediata una decidida política de consenso al respecto. Ya en el año 2005 se celebró en Gran Canaria una acertada Cumbre por el Turismo que fue todo un ejemplo de diagnóstico y consenso público-privado sobre las actuaciones y decisiones que este sector requiere, las conclusiones siguen siendo válidas, pero la toma de decisiones no se ha producido.

Pedimos de forma contundente que empresarios, sindicatos, administradores públicos y medios de comunicación demuestren a la sociedad que en momentos críticos son capaces de asumir las responsabilidades que les corresponden de forma coordinada y haciendo converger sus intereses en beneficio de nuestra tierra. Solo desde el consenso es posible llevar a cabo las reformas estructurales que permitan a nuestra economía regresar a la senda del crecimiento, evitando entrar en una larga etapa de estancamiento que podría ir más allá del fin de la crisis internacional.

Como reclamaba Barack Obama en su discurso de investidura, “… el periodo del inmovilismo, de proteger estrechos intereses y aplazar decisiones desagradables ha terminado; a partir de hoy, debemos levantarnos, sacudirnos el polvo y empezar a trabajar…”